La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua admitió este martes un amparo contra la nacionalización del ex presidente Mauricio Funes porque consideran que la decisión “violó la Constitución local”.
El colectivo de abogados “Defensores del Pueblo” introdujo el 19 de julio del 2019, un recurso legal contra el ex mandatario acusado en el país por varios delitos de corrupción.
El argumento de la demanda es que el Ministerio de Gobernación “atentó contra los principios de justicia y derecho, consignados en la Constitución Política de Nicaragua, y viola la legislación correspondiente”.
La carta magna de aquel país impide que uno de sus ciudadanos sea extraditado.
La CSJ mandará a escuchar a las partes implicadas, incluyendo a la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado. Y con informe en mano de la situación de Funes por parte del Director de Migración y Extranjería de Nicaragua, confirmó el periódico La Prensa.
El caso
El abogado José Antonio López –quien promovió el auto- recordó que, por ley, Funes no cumplía con los requisitos para optar a la nacionalidad nicaragüense, ya que esta exige que los aspirantes no tengan cuentas pendientes con la justicia en otros países, haber permanecido en Nicaragua por tres años como residente temporal y otros cuatro como residente permanente.
Según la información oficial, Funes permanece en Nicaragua desde 2016, recibió asilo político el 2 de septiembre, un día después de haberlo solicitado, y diez meses más tarde pasó a ser ciudadano nicaragüense.
De acuerdo con López, el ex mandatario solamente podía optar a la nacionalidad nicaragüense en septiembre de 2023, siempre que no estuviera huyendo de la justicia salvadoreña.
El Gobierno de Nicaragua también otorgó la nacionalidad nicaragüense a la esposa de Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Funes Cañas.
El expresidente, junto con su hijo Funes Cañas, ya percibían salarios del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, que suman varios miles de dólares al mes.
El 30 de julio de ese año el Gobierno del presidente Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a Funes, quien es acusado en El Salvador de la extracción de 351 millones de dólares del erario público, revelación de un reporte confidencial, sobornos al Fiscal General, además de los delitos de lavado de dinero y activos, que involucran a su grupo familiar, también asilados.
