Este viernes, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro resuelve, a raíz del recurso de apelación presentado por la Fiscalía General de la República FGR), anular la sentencia absolutoria a favor de Rodil Hernández y Nelson Rauda, ex Directores de Centros Penales del Gobierno del FMLN.
Rauda fungió como director desde el 8 de febrero del año 2012 al 30 de mayo del 2013, mientras que Hernández desde junio del año 2013 hasta junio del año 2017.
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador absolvió el 24 de septiembre de 2019 a los ex funcionarios, a quienes se les procesaba por Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios en torno a la tregua entre pandillas en el año 2013.
En el caso de administración fraudulenta, la jueza estableció en su fallo que la declaración de los testigos de cargo “no atribuía una figura de delito para los acusados” y “que había inconsistencia en la declaración”; además que no fueron incorporados dos testimonios, que supuestamente señalaban los hechos. Por tanto resolvió que no había suficiencia probatoria para sostener la acusación.
Mientras que en actos arbitrarios, el tribunal señaló que no habían preceptos que indicaran que el movimiento de recursos constataba un delito penal y lo mantuvieron en un plano administrativo.
El ministerio público apeló diciendo que los juzgadores basaron su decisión en una mala interpretación de las declaraciones de los testigos. Entre tanto, la Cámara ordenó un nuevo juicio y estará a cargo del Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
La fecha está por programarse, aseguró una fuente de Centros Judiciales.
El caso
El Ministerio Público acusa a Rauda y Hernández de rebasar sus facultades valiéndose de su cargo y autoridad, para dar órdenes al personal de la tienda institucional para distribuir sus ganancias para fines totalmente distintos a los que establece el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Penitenciaria.
Según las autoridades hubo un mal manejo de dinero proveniente de estas tiendas que presuntamente sirvieron para el pago de salarios, bonificaciones y viáticos de personas que presuntamente colaboraron y mediaron en la tregua.
Al respecto, la defensa de Rauda manifestó que la acusación es una doble persecución, ya que anteriormente fue acusado en el caso “Tregua I” del mismo delito.
Por su parte la abogada de Hernández, Berta Deleón manifestó que la acusación por administración fraudulenta no reúne los requisitos: “no se establecen montos, ni período de tiempo; es un caso precario y pobre”, aseveró el año pasado. En aquella ocasión afirmó que no hay evidencias que concreten que hicieron un mal manejo de fondos ya que las tiendas penitenciarias pueden sufragar pagos de inteligencia.
Ambos juristas coinciden en que no fue una decisión “entera de los ex directores”, ya que participan en la toma de decisiones las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Supuestamente Nelson Rauda pagó un total de $87, 154.50; mientras que Hernández, se le atribuye la cancelación de $121,238.
