Miembros de la oficina de Asesoría Legal y Anti Corrupción de El Salvador (ALAC) presentaron en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una denuncia contra la Junta Directiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia, ISNA.
A consideración de los abogados, Carla Hananía de Varela, Brunilda Peña, Marcela Hernández, Juan Morales, Cándida Parada, Emilia Portal, José Ortíz y Manuel Sánchez (todos de la Junta del ISNA) transgredieron los artículos 5, literal 5, y artículo 6, literal I, y J, de la Ley de Ética Gubernamental (LEG).
Según dijeron, bajo su tutela se encontraban 22 menores, quienes se contagiaron de COVID-19 en el Complejo de Integración Social (Cisna).
El caso fue confirmado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador (IDHUES), a donde llegó una denuncia anónima alegando descuidos sanitarios que incluían contacto de menores con adultos empleados ya contagiados, en dos centros de contención: Colonia Costa Rica y en el municipio de San Martín; así como el Centro para la Reinserción Social femenino del ISNA en Ilopango.
A Sánchez le atribuyen, como Director del ISNA, “la transgresión del deber ético de ejecutar un procedimiento y notificar al Ministerio de Salud para enfrentar la situación (…) por el contrario, decidieron omitir tácitamente la existencia de casos ya registrados por empleados dentro del ISNA”.
Los miembros de ALAC piden al TEG, que instruya las averiguaciones necesarias para recoger pruebas sobre el origen de los hechos en que se basa esta denuncia, admitir la denuncia del IDHUES ante la Fiscalía General de la República.
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