Los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron consenso en la sesión plenaria de este jueves para aprobar una reforma al decreto 640 con el objetivo de destinar $50 millones a cerca de 20 municipios de los mil millones autorizados a gestionar al Ejecutivo para atender la pandemia.
Este dictamen consistía en que el decreto legislativo que contemplaba la utilización de mil millones de dólares, donde 600 millones son para el fideicomiso de recuperación económica de empresas; de los 400 millones restantes destinados al pago de deudas con proveedores del Estado, se obtuvieran 50 millones para las municipalidades.
De estos fondos, la mitad; es decir, 25 millones serían destinados a la alcaldía de San Salvador «para que se inviertan en recuperación económica, ayuda social y pago a proveedores, entre otros».
Los $25 millones restantes serán repartidos entre las municipalidades de Santa Tecla, Colón, Soyapango, Ilopango, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, San Vicente, Usulután, La Unión Zacatecoluca, Cojutepeque, Chalatenango, Ahuachapán, Sensuntepeque, San Francisco Gotera y Mejicanos, así como Aguilares, Ilobasco y Nueva Concepción (estos últimos fueron añadidos en último momento por el partido ARENA).
La repartición para estos sería según la cantidad de población. La iniciativa de reforma fue por el partido tricolor.
Sin embargo, los legisladores del FMLN manifestaron que no apoyarían esta reforma debido a que no era fundamentada en los principios de igualdad y equidad, ya que solo se está tomando en cuenta a una parte de la población y se está haciendo excepción a otros habitantes que también necesitan ayuda, según lo indicó la diputada Anabel Belloso.
La parlamentaria Cristina Cornejo destacó que el FMLN no votaría en favor por ser un proyecto incostitucional por la improporcionalidad, por lo que el voto sería en contra.
Por su parte, el efemelenista Victor Suazo acotó que con esta reforma se está «discriminando a los ciudadanos»; además, señaló que no se definía el destino de esta cantidad dineraria al establecere «entre otros», por lo que podría utilizarse para fines que no corresponden a la atención de la pandemia, incluso podría destinarse a publicidad, dijo.
La mocionante de esta reforma Margarita Escobar, solicitó que este proyecto regresara a la Comisión de Hacienda para hacer los cambios pertinentes y dialogarlo con los parlamentarios; sin embargo, aseguró la importancia en brindar estos recursos a los municipios con mayor cantidad de habitantes y los más afectados por la pandemia.
Esto debido a que los recursos de los $2 mil millones autorizados a gestionar al Ejecutivo, el 30%; es decir, 600 millones son para los 262 municipios, pero es repartido según la ley FODES, no según la necesidad de las alcaldías.
