La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un reglamento que permitirá regular y sistematizar el prodecimiento de investigación y establecer veracidad de las declaraciones juradas del estado de patrimonio de funcionarios ante indicios de enriquecimiento ilícito.
Es decir, el “Reglamento para la Tramitación de las Diligencias de Investigación y Comprobación Patrimonial de Funcionarios y Empleados Públicos” evitará la discrecionalidad o variaciones en el diligenciamiento y la toma de decisiones respecto de la existencia o no, de indicios de enriquecimiento ilícito y reforzar de seguridad jurídica y certeza las decisiones que emanen del pleno de la Corte.
Esto debido a que solo se tomaba en cuenta la Constitución de la República y la Ley de Enriquecimiento de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP).
Ahora, el reglamento establece el procedimiento que debe cumplirse con todos los casos, como la investigación de oficio presunta corrupción ventilada a través de medios de comunicación u otras plataformas, así como los que salgan de la administración pública y no presentaron los atestados de sus arcas personales.
Asimismo, se recalca que esta normativa regula la manera en que la CSJ en pleno, conforme al artículo 240 de la Constitución, tomará en consideración los criterios para ordenar el inicio de las diligencias de comprobación de la veracidad de las declaraciones, considerando los criterios de: temporalidad, jerarquía del cargo y nivel de responsabilidad; su influencia en el manejo de fondos públicos, si recibió denuncias directas, de información de fuente independiente (medio de comunicación). Incluso si éste no haya presentado la declaración patrimonial. Además de que se toma en cuenta a los funcionarios suplentes.
Además, el Reglamento incluye la forma en que la Sección de Probidad como dependencia especializada de la CSJ, llevará a cabo el registro de los sujetos obligados, la recepción, custodia, investigación y comprobación de las declaraciones juradas de patrimonio, así como lo correspondiente a la sustanciación parala imposición de multas.