Un total de ocho laboratorios privados están en proceso de investigación por realizar pruebas «rápidas» de COVID-19 a la población, sin que estas sean autorizadas para la detección del virus, según indicó el Presidente del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), Daniel Quinteros.
De acuerdo con el Presidente de la instancia de salud, son 1,453 laboratorios clínicos en el país, de los cuales, 52 pueden optar por hacer pruebas especializadas, adecuar instalaciones y ofrecer servicio a la población; sin embargo, hay registros que se realizan pruebas rápidas que pueden dar falsos resultados a los pacientes.
«El único ente autorizado para realizar las pruebas de COVID-19 es el Ministerio de Salud, las pruebas que están comercializando a $15 conocidas como ‘pruebas rápidas’ no son garantía para la salud», expresó.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Vigilancia Laboratorio Clínico del CSSP, Eva Padilla, aseveró que la única prueba autorizada para detectar el COVID-19 es la PCR (Racción en Cadena de la Polimerasa) en tiempo real, que necesita que se tome un hisopado nasofaríngeo; por lo que no recomienda la práctica de otras pruebas ofertadas, debido a que no son confiables.
Asimismo, afirmó que las pruebas serológicas que han sido ofrecidas no detectan la enfermedad; sino que reflejan si la persona fue portadora y adquirió anticuerpos, tal como las pruebas que se realizan para poder ser donante de plasma convaleciente.
Si se determina una infracción al Código de Salud por parte de los laboratorios, la sanción correspondiente puede ser una multa de $11,400, así como un cierre del establecimiento, ya sea temporal o definitivo.
