La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) junto al Grupo Impulsor del Acuerdo Escazú, pidieron este miércoles al Gobierno suscribir la signatura, que tiene como objetivo acercar justicia en temas ambientales y protección de defensores de este tipo de derechos.
En ese sentido, pidieron al Presidente Nayib Bukele firmar el acuerdo cuyo plazo termina el 26 de septiembre. De momento, 22 países han firmado y nueve han ratificado su adhesión, pero aún quedan dos naciones para que entre en vigor.
“Observamos con preocupación que el país no esté honrando ese compromiso que le da fiel cumplimiento al principio 10 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo. Consideramos que este instrumento valioso para el país servirá para avanzar en la protección de la justicia ambiental y las personas que defienden estos derechos”, explicó César Artiga del equipo impulsor.
El titular de la PDDH, Apolonio Tobar indicó que el Estado salvadoreño adquirió el compromiso el 4 de marzo de 2018, en Escazú Costa Rica; y fue ampliamente avalado por la Cancillería de la República.
“En la visita in loco que realizó el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se produjo el informe preliminar, en donde se resalta la necesidad que plantea la comisión que se tenga enfoque de derechos en políticas al agua y medio ambiente (…) aprobarlo implica una normativa que regule de manera convencional la importancia de medio ambiente, procesos de participación en toma de decisiones encaminadas a afectaciones al medio ambiente y medidas de protección a defensores del medio ambiente”, acotó Tobar.
Ambas instituciones advierten que si el país no firma el acuerdo “queda registrado que no honró su compromiso” y puede perder oportunidades de cooperación.
“El acuerdo tiene tres momentos, el país ya cumplió en la adopción del acuerdo; el segundo es la firma, que aún falta; y el tercero del mismo es competencia de la Asamblea Legislativa que ratifica el acuerdo”, agregó Artiga.



















