«Vamos a encontrar colaboración, entorpecimiento o evidencia que se ha ocultado delito»: Mesa contra la Impunidad a FAES y Presidencia en próxima inspección de archivos militares en Caso Masacre de El Mozote

Después de cerca de tres décadas de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, por primera vez se ordenó la inspección de archivos militares por delitos de lesa humanidad ocurridos en el Conflicto Armado salvadoreño, en este caso, sobre la Masacre de El Mozote de 1981, proceso que se encuentra en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera.

De acuerdo con la Mesa contra la Impunidad integrada por cerca de 21 organizaciones de derechos humanos, entre estas Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), representantes de la Universidad de El Salvador (UES) y la Asociación Pro-Búsqueda, la solicitud es a la Fuerza Armada y sobre todo al Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, y al Comandante, el Presidente Nayib Bukele a colaborar con la inspección.

«Instamos al presidente Bukele, al ministro Monroy y al Alto Mando, a que cumpla con la ley y colabore, y lo que vamos a encontrar es o colaboración o entorpecimiento o evidencia que se ha obstruido u ocultado delito», aseveró David Morales de Cristosal, quien también sostuvo que de haber bloqueo deberá ser certificado a la Fiscalía General de la República (FGR) por el juez del caso.

Asimismo, Morales indicó que podría existir una colabolación «simulada», haciendo referencia al caso de investigación por la presunta negociación con pandillas en la Dirección General de Centros Penales (DGCP).

Además, expuso que conforme al avance del caso existen dos opciones, una que se encuentren los planes militares bajo los que se desarrolló la Masacre, o un acta de expurgo, mediante la que se explique la destrucción de los archivos y qué contenían.

Las inspecciones de los archivos iniciarán el próximo 21 de septiembre con 12 semanas de campo y abarcarán dependencias militares ubicadas en San Salvador, San Miguel y San Francisco Gotera.

Estas inspecciones serán encabezadas por el juez de instrucción y participarán peritos internacionales que deberán presentar un informe final en diciembre, así como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).