El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Apolonio Tobar, rindió este lunes, ante la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, un informe sobre las atenciones que se brindaron en torno a la emergencia sanitaria del COVID-19.
El funcionario informó que la institución, desde el 21 de marzo al 17 de septiembre, ha atendido un total de 1,811 denuncias posible afectación a sus derechos humanos.
De este número, 687 fueron contra a la libertad personal; 393, fueron vulneraciones a los derechos a la salud, entre estos, denegación de atención médicas, negación a pruebas, falta de atención de otras enfermedades y tratamientos como efectos colaterales; 242 se refieren al derecho al trabajo, entre estos suspensión de contratos, falta de insumos médicos, falta de pago de salarios y prestaciones.
164 casos, según la PDDH, han sido por vulneraciones al derecho al agua, alimentación y no discriminación.
Informe de Salud
“La pandemia del COVID19 ha venido a desnudar las deficiencias en el sistema de salud público”, precisó; al mismo tiempo que externó que había “improvisación” porque no se implementó un plan adecuado para atender a pacientes contagiados del coronavirus.
“Nunca se estableció los hospitales de positivos, nexos y sospechosos, si no que se tuvo que esperar a que apareciera un caso, para utilizar un área del Hospital Saldaña; tuvieron positivos, sospechosos y nexos, juntos, y se generaron denuncias en redes sociales y llegaron Amparos en la Sala de lo Constitucional”, recordó.
“Tampoco había atención adecuada de doctores, enfermeras y empleados sanitarios, que resultaran contagiados. Y en esa dinámica se perdieron muchas vidas, conocimiento incalculable”, matizó. “Lamentablemente elementos de seguridad sufrieron la improvisación generalizada, policías y militares contagiados, no tenían los insumos necesarios para protegerse y tampoco fueron capacitados para manejar a los posibles contagios”, dijo.
Otro de los temas que fueron abordados en la Comisión fue el caso de 83 contagiados de COVID-19 en el asilo de ancianos Sara Zaldívar; de los cuales fallecieron entre 45 y 47 personas adultos mayores. “No recuerdo el número exacto pero está en esta cantidad”, dijo.
Al respecto, Tobar informó que no se descarta que la PDDH presente una resolución de los hechos.
