Gobierno certificará a la FGR el posible cometimiento de prevaricato por los magistrados de la Sala de lo Constitucional

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El Presidente Nayib Bukele anunció que certificarán a la Fiscalía General de la República (FGR) el posible cometimiento del delito de prevaricato por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional en la resolución que ordenó dejar sin efecto la prohibición de entrada a salvadoreños por la falta de prueba COVID (-).

Según el mandatario, referida medida cautelar se emitió en una «resolución exprés, sin garantías de audiencia al Gobierno».

Además, expuso que no se consideraron las leyes secundarias que complementan a la Constitución de la República, mencionando el artículo 164 del Código de Salud establece que todo viajero, para ingresar a El Salvador, debe presentar certificados de pruebas «contra las enfermedades que el Ministerio considere necesarias».

Así también, señaló que la Ley de Migración, en su artículo 334 dice que el Ministerio de Salud, en materia migratoria, puede establecer los requisitos sanitarios para el ingreso de personas a El Salvador.

Bukele se refirió al artículo 5 de la Carta Magna que fue citado por los magistrados del Máximo Tribunal, mismo que contempla un derecho constitucional.

«Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca […]», establece el primer inciso que remarcó el mandatario, pues expuso que referidas leyes complementan este mandato constitucional.

En el inciso tercero del mismo artículo, la Constitución dice que: «[…] No se podrá expatriar a nungún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negarle el pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes».

Según el mandatario, por la rapidez de emitir la resolución y aseverar que «la Sala ya escogió su bando», los magistrados habrían cometido prevaricato, que es un delito que se refiere a una resolución arbitraria por jueces.