A un día que finalice el plazo para firmar el Acuerdo de Escazú, El Salvador no ratificará su participación, al no estar de acuerdo con algunas cláusulas porque no entran con la “realidad que vive el país”.
El Presidente Nayib Bukele, aseguró en cadena nacional de este jueves, que el país podría anexarse al tratado en cuanto se modifiquen algunas condiciones.
“Me gusta el espíritu del acuerdo, de hecho tengo una conversación con el Presidente de Costa Rica para hablar al respecto, pero, nosotros como El Salvador quisiéramos hacer modificaciones a dos artículos específicos del Acuerdo de Escazú, no tengo el dato a la mano, pero lo firmaríamos si se hiciera esos cambios, que parecerían de forma pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente, que es lo que pretende el acuerdo, sin evitar el desarrollo de nuestros países, que les falta desarrollo. Es decir, nosotros no podemos dejar de construir vivienda, por ejemplo, hay más de medio millón de déficit de casas que necesitamos”, explicó el mandatario.
El funcionario ha sido la primer figura del Ejecutivo que ha externado su opinión sobre la adhesión del acuerdo. Organizaciones ambientales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) también han manifestado su preocupación que el Gobierno no ha asumido su rol como “protagonista en el derecho ambiental”.
“Observamos con preocupación que el país no esté honrando ese compromiso que le da fiel cumplimiento al principio 10 de la Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo”, señaló César Artiga del equipo impulsor del Acuerdo de Escazú, el 27 de agosto pasado.
El titular de la PDDH, Apolonio Tobar indicó que el Estado salvadoreño “adquirió el compromiso”.
“En la visita in loco que realizó el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se produjo el informe preliminar, en donde se resalta la necesidad que plantea la comisión que se tenga enfoque de derechos en políticas al agua y medio ambiente (…) aprobarlo implica una normativa que regule de manera convencional la importancia de medio ambiente, procesos de participación en toma de decisiones encaminadas a afectaciones al medio ambiente y medidas de protección a defensores del medio ambiente”, acotó Tobar.
Ambas instituciones advierten que si el país no firma el acuerdo “queda registrado que no honró su compromiso” y puede perder oportunidades de cooperación.
“El acuerdo tiene tres momentos, el país ya cumplió en la adopción del acuerdo; el segundo es la firma, que aún falta; y el tercero del mismo es competencia de la Asamblea Legislativa que ratifica el acuerdo”, agregó Artiga.
El acuerdo de Escazú, en referencia a la ciudad costarricense del mismo nombre, fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya participación contó con 22 países entre marzo y septiembre del 2018.
La importancia de Escazú reside en ser el primer gran acuerdo regional que establece las garantías del acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
En materia de derechos, los ciudadanos de los países firmantes, pueden acceder a toda la información ambiental necesaria de forma sencilla y transparente, y expresarla. Además abre las puertas para que en las políticas de Estado que enmarquen cuestiones ambientales, sean sujetos de consulta y así puedan vigilar posibles proyectos que tengan impacto negativo.
Además contarían con un amplio marco para acceder a la justicia en caso de persecución o criminalización por actuar en la defensa ambiental, así como para demandarla.
Sin embargo, si bien Escazú cuenta con la firma de 22 países, es necesario que 11 de ellos lo ratifiquen antes del 26 de septiembre para que entre en vigencia.
Actualmente sólo nueve países han ratificado: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay. Pero podría posponerse en caso que no se lograran las 11 rúbricas.
Algunos países como Chile, el principal impulsor, ha encontrado un impase porque el Gobierno de Sebastián Piñera advirtió que prevalecerá sobre “la legislación misma” que causaría confusión jurídica y derivaría en demandas internacionales.
Un efecto símil tuvo este desacuerdo, en los casos de Colombia, Perú, México o Argentina, que sí demostraron entusiasmo por el tratado hace cuatro años pero que no han manifestado actualmente su intención de suscribir en Escazú. Aunque algunos medios de comunicación apuntan a que en el fondo, los Gobiernos tienen una reticencia por el control público que ejercería el ciudadano y al mismo tiempo, sucumbirían a las voces del empresariado.
