Por segunda ocasión, el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, no pudo acceder a una sede militar, en aras de inspeccionar los archivos del Ejército relacionados a la masacre de El Mozote, la cual tuvo lugar el 11 de diciembre de 1981.
La diligencia, programada para este lunes en la sede del Comando de Fuerzas Especiales, de la Fuerza Aérea, ubicada en el municipio de Ilopango, fue denegada por el personal jurídico del recinto, alegando que no tenían conocimiento de las inspecciones.
Personal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Cristosal y otras organizaciones se concentraron este lunes por la mañana en las afueras del Comando exigiendo que la Fuerza Aérea permitiera el trámite que realizaría el juzgador.
“La negativa es que nosotros no contamos con esa información que vienen a verificar y para continuar la indicación, es en base al numeral 7, del artículo 168 de la Constitución que dice que información confidencial, la cual puede ser solicitada solo por la Asamblea”, acotó una representante de la Fuerza Armada, quien no brindó su nombre al juez Guzmán por “no estar autorizados para darlo”.
El capitán Natan Ortiz, le afirmó al Juzgador que no tenían conocimiento de las inspecciones y que era «una autoridad superior», la que estaba facultado para darlo.
Brevemente, el Juez Guzmán manifestó que este día se levantará un acta en donde darán por incumplida la orden judicial.
#LoÚltimo || La delegada de la @PDDHElSalvador Sylvia Hidalgo explica que ante la negativa al ingreso de archivos militares, irán a una reunión en Centros Judiciales, para tomar una decisión en torno al nuevo bloqueo de las autoridades del Comando de Fuerzas Especiales. pic.twitter.com/Eq7DT0AppB
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El Ejército había bloqueado anteriormente el ingreso de Guzmán al Estado Mayor en San Salvador para comenzar la diligencia judicial bajo el argumento de que dicha inspección pondría en peligro el resguardo de documentos secretos y la seguridad nacional.
Para David Morales, Director de Litigio Estratégico de Cristosal, la decisión de bloquear los archivos militares «viene desde arriba» y descartó motivos políticos para exigir la apertura de estos, tal y como lo expresó el Presidente Nayib Bukele en una Cadena Nacional.
«Son archivos de hace 40 años, están claramente ordenados, por año, por serie documental, es imposible que se inspeccione un archivo reciente como el Presidente sostuvo, se iban a investigar con especialistas nombrados por el juez y se le ha bloqueado, cometiendo delito y retrasando las diligencias judiciales», explicó.
#LoÚltimo || Personal judicial, de la @PDDHElSalvador, @Cristosal y organizaciones, se encuentran en las afueras del Comando de Fuerzas Especiales, Ilopango, a la espera de verificar diligencia del juez de San Francisco Gotera, para inspeccionar archivos militares de El Mozote. pic.twitter.com/t8MPrsKQK5
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«Es evidente que se protege criminales de guerra y se está en la misma posición de hace 40 años, de no colaborar con la justicia, aún si se cometen delitos», cuestionó.
El Presidente Bukele afirmó que los únicos documentos que se encontraron de El Mozote, fueron entregados a la Fiscalía y al Juzgado, y dejó entrever que el resto de información fue destruida con las administraciones que gobernaron después de 1981, incluidas las de ARENA y FMLN.
«Ese argumento no es sostenible. Si hubiera destrucción, hubiera evidencia de esa destrucción ilegal y se hubiera certificado el delito en la Fiscalía, esto no ha pasado. Todo proceso de destrucción de archivos militares está regulado, y cuando un documento se destruye, es con autorización del Estado Mayor, bajo presencia del delegado del Ministerio de Cultura, y queda en acta que se destruyó», manifestó Morales.
«Sin embargo no han permitido el acceso a las inspecciones a las actas de destrucción de archivos, es falso que se iban a inspeccionar archivos militares, se iban a inspeccionar documentos administrativos, de prensa de la Fuerza Armada y las actas de destrucción de archivos», agregó.
Bukele también señaló a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Juez Guzmán y el resto de organizaciones de vínculos con el partido de izquierda, para conocer los archivos y divulgarlos.
Sobre esto Morales dijo que «simplemente se ha invocado la ley» y «se irrespeta la memoria de las víctimas». «La defensa tuvo su oportunidad de impugnar el registro de archivos, pero la decisión quedó en firme. El rol de tratar de vincular políticamente a funcionarios judiciales, abogados de derechos humanos es una estrategia de desprestigiar a los que hemos impulsado estos casos», dijo.
#LoÚltimo || La @FGR_SV también se encuentra en las afueras de la base de la Fuerza Aérea de Ilopango, a la espera de que el Juez de Instrucción de San Francisco Gotera, inicie la inspección de archivos militares relacionados a la masacre de El Mozote. pic.twitter.com/BDiLbydpMi
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