Presidente Asamblea Legislativa: Ley de Reconciliación cumple con requerimientos de sentencia de la Sala de lo Constitucional y derechos humanos; fracciones estudian superar el veto presidencial

Una audiencia oral y de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en el año 2016 por la Sala de lo Constitucional, se instaló este viernes 30 de octubre.

Para el desarrollo de esta audiencia se citó al Presidente del Parlamento, Mario Ponce, al Presidente de la República, Nayib Bukele, los demandantes en cada uno de los procesos acumulados, abogados del Idhuca y su director, al Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, al Fiscal General, Raúl Melara, al Ministro de Defensa, Francis Merino Monroy y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar.

Presidente Asamblea Legislativa dice se cumplió con sentencia

Referido fallo del Máximo Tribunal determinó, entre otros aspectos, que el Parlamento debía hacer una nueva legislación que incluyera aspectos de reparación y conocimiento de la verdad.

Las preguntas iniciales en la audiencia a Mario Ponce fue si la ley aprobada por el Congreso en febrero de 2020 denominada «Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional» cumple con los principios de la sentencia y por qué no se superó en veto presidencial, en caso que hay seguridad que cumple lo establecido.

¿Qué debía contener?

En la nueva ley, se debía regular el acceso a información, propiciar la investigación, enjuiciamiento, así como el esclarecimiento de la verdad y sanción a responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, ocurridas en el conflicto armado.

Según Mario Ponce, en la ley de reconciliación aprobada el 26 de febrero cumplen normativas internacionales de derechos humanos, propuestas de organizaciones sociales, y recomendaciones de universidades. Asimismo aseveró que fue consultivo con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), Procuraduría General de la República (PGR), Corte Suprema de Justicia (CSJ).

También señaló que como presidente de la comisión política, instalaron una subcomisión para su estudio, misma que recibió anteproyecto de ley de asociaciones de la sociedad civil, siendo esta la «ley especial para la reparación integral versión 2019». Además, se emitió una propuesta por parte de los parlamentarios.

No obstante, para el plazo señalado por la Sala no se había concluido (13 de julio 2019), por lo que un día antes pidieron prórroga, la que se concedió hasta el mes de noviembre; luego se pidió nuevamente un plazo mayor que se dictó hasta febrero 2020.

De acuerdo con Ponce, se tomaron las dos propuestas y se combinaron, para lo que también se recurrió a foros consultivos, testimonios.

El diputado dijo que hay medidas de reparación en el artículo 40 en adelante; también medidas de carácter simbólico en los artículos 23 y siguientes; dice que hay acceso a la información pública.

¿Cuáles son los criterios, mecanismos precisos que determinaron para garantizar la participación de víctimas, si tuvieron en cuenta los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?, preguntó uno de los magistrados.

«Se hizo nuevo proceso de consulta, se separaron víctimas de autores directos, respetando los derechos, el esfuerzo concluye en un documento final», respondió.

¿Cuáles son las razones por la que los diputados que votaron en contra?

La nueva ley fue aprobada con los votos de ARENA (con tres votos en contra), PDC, algunos diputados del PCN; FMLN y GANA se abstuvo de votar, de igual manera el diputado no partidario y el legislador del CD.

«Existía respaldo mayoritario […]», dijo Ponce y destacó que los legisladores tienen sus propias opiniones que no podría proporcionar.

¿Por qué no han superado el veto?

«Está en estudio la superación desde febrero», expresó, haciendo referencia a que las fracciones legislativas lo analizan por separado.