Una audiencia oral y de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz en el año 2016 por la Sala de lo Constitucional, se instaló este viernes 30 de octubre.
Uno de los citados fue el Ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, sobre las obligaciones que atribuyó la sentencia a la Fuerza Armada en cuanto a la protección de información sobre el conflicto armado.
El Ministro mandó a un representante en su lugar, quien manifestó que se ha instalado una directiva interna en la institución castrense con referido propósito que involucra los archivos del 1 de enero de 1980 al 1 de enero de 1993.
Asimismo, destacó que hasta el 2018, posterior a la sentencia de inconstitucionalidad, se han registrado 97 requerimientos de información y actualmente 10 procesos están en trámite.
Por su parte, los magistrados del Máximo Tribunal hicieron preguntas para esclarecer aspectos.
¿Qué medidas se están tomando para facilitar el acceso a la información?
El representante de Defensa señaló que la unidad de derechos humanos de la Fuerza Armada es la encargada de este ámbito y dijo que «se abre puertas para archivos que se puedan obtener» a cualquier ciudadano de los afectados.
¿Se encuentran disponibles documentos con información sobre hechos entorno a la sentencia que pretende aclarar?
«Se sube si es versión pública, se borran los nombres de afectados. Esa es una de las etapas a cumplirse para el cumplimiento de la sentencia», dijo. Añadió que «no existe plazo específico» para que esta información militar sobre el conflicto armado sea de acceso a toda la población.
Dicen proyecciones, pero el punto es ¿si ya tienen seleccionados los documentos?
«Están en fase de clasificación determinar cuáles son que no se han dado según la directiva […] Estamos en la etapa de clasificación para hacerlo público», respondió.
¿Los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad son planes secretos del Estado?
«Los documentos de delitos de lesa humanidad no pueden ser planes secretos, la división de los dos es que se complica», manifestó, pues aseveró que se separan estos hechos de referidos planes.
¿Ha contribuido el Ministro con la Fiscalía General de la República (FGR)? En las inspecciones con el órgano Judicial ¿han colaborado, en cuáles?
«Sí se ha colaborado, el caso específico (Inspecciones archivos militares sobre El Mozote) ha existido un lineamiento jurídico, se ha entregado toda la información solicitada. Si se encontrara más será enviada al juez de la causa», relató.
¿Quién lo ha expresado?, preguntó el Magistrado Carlos Sánchez sobre la indicación para no dar acceso a las inspecciones.
«Supongo que la dirección jurídica del Ministerio, es una suposición, escapa de mi conocimiento», comentó.
Ante las respuestas del representante, el magistrado dijo que «En otras ocasiones vengan informados porque representan a la autoridad. Si hay falta de conocimiento es porque hay falta de seguimiento, si no lo conocen que venga la autoridad».
