La «Comisión Especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del Golpe de Estado Fallido contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero» relató su informe final en el que recomiendan la destitución de Mauricio Arriaza Chicas, como Director de la Policía Nacional Civil (PNC), y a Francis Merino Monroy como Ministro de Defensa Nacional.
De acuerdo con el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), el cese de funciones de los directores de la Policía Nacional Civil (PNC) o el alto mando de la Fuerza Armada será vinculante por graves violaciones a los derechos humanos, como producto de investigaciones en comisiones especiales o en interpelación.
Según el informe estas son las razones:
Destitución de Arriaza Chicas
Los diputados señalaron que las acciones realizadas el 9 de febrero fueron una «afrenta al sistema democrático, conformándose un golpe de Estado contra la Asamblea. El presidente usurpó el curul, efectuando actos propios de la apertura de sesión plenaria».
También expusieron en su informe final que existió una «acción protagónica» de Arriaza, ya que fue con su llegada al recinto legislativo que el control de la seguridad fue tomado por la Policía, sin tomar en cuenta y sobrepasando al equipo del Parlamento.
Director de la PNC sobre dispositivo del 9F: «Antes, durante y a la salida, todo fue coordinado con el Jefe de Seguridad de la Asamblea, le pudiéramos preguntar, pero él falleció»
Asimismo, se refirieron al retiro de los agentes de la División de Protección de Personalidades Importantes (PPI) asignados a los diputados de la Asamblea Legislativa a partir de la noche del viernes 7 de febrero, dos días antes de la denominada «militarización» del Parlamento, así como la llegada de policías a las viviendas de legisladores o patrullando cerca de la zona incluso el mismo 9 de febrero.
Esto fue denominado por la comisión como injerencias arbitrarias, «se evidenció con actos intimidatorios por vigilancia y presencia policial en las casas de diputados».
Por lo tanto, los legisladores determinaron que se violentaron dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primero es el artículo 12 sobre referidas «injerencias arbitrarias».
Así como el artículo 21, ya que los hechos fueron considerados como acoso a los legisladores con la intención de «imponer una nueva Asamblea Legislativa».
Así también, resaltaron que el funcionario «Ha actuado en detrimento de la constitución y facultades, en cercos sanitarios incumplimiento de deberes, incluso mandos medios sean procesados por lo mismo y una inactividad cómplice en privación de libertad en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)».
Por lo que recomiendan la destitución de Arriaza Chicas.
Destitución de Merino Monroy
Conforme al informe final, se detalló que «el ministro de la defensa debe ser destituido como lo recomendó en interpelación».
Es decir, debido a una «instrumentalización de la Fuerza Armada»