Diputados aprueban informe que atribuye al Presidente Bukele y cuatro funcionarios tres delitos por la irrupción en el Salón Azul del 9F

Con 58 votos, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen único de la «Comisión Especial para investigar todos los hechos acaecidos antes, durante y después del Golpe de Estado Fallido contra la Asamblea Legislativa el 9 de febrero» en el que señalan al Presidente Nayib Bukele y cuatro funcionarios de cometer tres delitos en la irrupción de militares en el Salón Azul del Congreso.

Es decir, los diputados comunicarán el informe a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue por los delitos de rebelión, sedición y conspiración para rebelión y sedición a: Nayib Bukele, al Ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy; el Jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP), General Manuel Antonio Acevedo López; el Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General Carlos Alberto Tejada Murcia; y el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas. 

La irrupción de la Fuerza Armada en el Congreso, fue considerada como una medida de presión, siendo el resultado de una serie de enfrentamientos entre el Legislativo y la Presidencia por definir un préstamo de $109 millones para la Fase III del Plan Control Territorial.

Previo al 9 de febrero, el Presidente Nayib Bukele convocó en redes sociales a una movilización hasta el palacio legislativo para presionar a los diputados en la aprobación de este préstamo, pues los señaló de beneficiar a la delincuencia al no hacerlo.

Según el informe, se trata de los delitos relativos al sistema constitucional y la paz pública, contemplados en el Código Penal; el primero es de «rebelión» en el artículo 340 por referirse a la presión al Parlamento para aprobar el préstamo. 

Así también, el delito de sedición del artículo 341 de referida normativa penal, donde se hace uso de la violencia para «impedir» que el Congreso realizara sus funciones libremente.

El tercer delito es el de proposición para cometer rebelión o sedición; es decir, la premeditación de cometer referidos ilícitos, que se encuentra en el artículo 342 del Código. 

Esto dijeron los diputados:

«Estas conclusiones obedecen a un aspecto político. Busca determinar un golpe de estado. Como GANA no hemos participado de este informe», dijo Guillermo Gallegos.

No obstante, los demás pronunciamientos fueron de apoyo a los resultados del informe.

«Lo grave es que hubo un golpe de Estado y fue público, fue televisado ese 9 de febrero […] El asalto perpetrado a este poder del Estado el 9F no fue producto de la no aprobación de un préstamo que ya estaba siendo discutido en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, sino producto de una planificación previa usando como excusa el préstamo solicitado […] Se tienen todas las pruebas, vídeos y es importante decir que en el ámbito internacional todas las notas incluidas las del aliado estratégico que en aquel momento tenía no fueron favorables a lo ocurrido aquí ese 9F», sentenció Jorge Schafik del FMLN.

Asimismo, la jefa de la fracción de izquierda manifestó las razones por las que se acusa de referidos delitos, «Por qué se señala al Presidente de la República particularmente? Púes es el Jefe de Estado y la más alta magistratura de un país y cometió un acto de sedición […] Hay responsabilidad en la máxima magistratura con premeditación y alevosía, como actor intelectual y material porque fue él quien se sentó en esa silla y empezó a dirigir una asamblea. Instrumentalizó a la Fuerza Armada, instrumentalizó la seguridad pública y la sigue instrumentalizando, lo cual es muy grave y ha sido señalado por la Sala de lo Constitucional».

Por su parte, Margarita Escobar de ARENA comentó que los hechos del 9 de febrero «es algo gravísimo, desde ese momento El Salvador perdió su credibilidad internacional […] Lo que hizo el presidente es inaceptable en una democracia».

«Lo que se dio aquí el 9 de febrero fue un acto de rompimiento institucional […] No podemos ser cómplices de lo que aquí sucedió», aseveró Rodrigo Ávila del tricolor.

Así también, Emilio Corea comentó que «se extralimitó el Presidente en sus funciones, se le pasó la mano. El Presidente Bukele pudo iniciar su mitin de campaña sin necesidad de irrumpir este órgano de Estado».

Rodolfo Parker del PDC destacó que con este dictamen se «reafirma que funciona la institucionalidad».