Estudiantes salvadoreños retornan a las aulas -semipresencialmente- en febrero

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La Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela anunció este lunes, que las clases para el sector público retornarán entre la primera y segunda semana de febrero.

Las nuevas disposiciones se deben a la cuarentena obligatoria que sufrió El Salvador, como medida para contrarrestar el coronavirus.

De acuerdo con la funcionaria, los alumnos regresarán a las actividades académicas en esa fecha, a menos que el Ministerio de Salud emita nuevos lineamientos conforme avanza la pandemia del COVID-19.

“Si no sucede nada diferente, que el Ministerio de Salud nos diga ‘deténgase’…Dependiendo qué tanto nos tome la primera fase de desinfección y preparación de las evaluaciones psicoemocionales y pedagógicas”, manifestó este lunes durante la verificación del retorno de trabajo del personal administrativo del Ministerio, que asciende a 7.000 a nivel nacional.

Las autoridades académicas también informaron que los profesores y maestros deberán presentarse a su respectivo centro educativo el 7 de enero.

El 11 de enero inicia el proceso de matrícula. Pero los padres de familia, no están obligados a que sus hijos vayan presencialmente a la escuela, pero deben matricularlos para que tengan acceso a las diversas plataformas.

Para garantizar insumos higiénicos y prevenir contagios del COVID-19, las instituciones contarán con un presupuesto anual de $1,500 que servirá para comprar alcohol gel, mascarillas, caretas y termómetros. Además estarán obligados a cumplir distanciamiento entre mesas y pupitres de hasta dos metros. 

En cuanto a la modalidad semipresencial, el Ministerio continuará impartiendo la currícula académica por medio de plataformas digitales, tales como Google Classroom, y otras más tradicionales como la Radio, Televisión y las guías impresas que se brindarán al alumnado que se le dificulta acceder a equipo tecnológico.

En 2021, la cartera de Estado otorgará computadoras laptop a 800,000 mil alumnos del sector público, cuya inversión asciende a $240 millones. Esto a manera de reducir la brecha tecnológica y garantizar el acceso a los contenidos digitales.