La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección a los periodistas del periódico El Faro, al recibir acoso y amenazas en el país a causa de pronunciamientos del Gobierno.
De acuerdo con la resolución de la CIDH, que aclararon no constituye prejuzgamiento sobre la posible violación de los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables, los derechos a la vida e integridad personal de 34 periodistas del medio «se encuentran en una situación de gravedad y urgencia».
En el mes de noviembre de 2020 se solicitaron medidas cautelares al organismo a favor de los periodistas debido a una serie de eventos que aseguraron pondrían en peligro sus vidas.
Entre los argumentos presentados se destacó que los comunicadores habrían sido objeto de estigmatización, acoso, criminalización y amenazas constantes, por parte del Gobierno y hubo un «bloqueo informativo» a El Faro por parte de los mismos, siendo excluidos de entrevistas y listas de preguntas, mayormente en conferencias de prensa del Presidente Nayib Bukele.
También expusieron que el mandatario «habría impulsado una campaña de desprestigio y estigmatización contra medios independientes incluyendo “El Faro”».
Asimismo, apuntaron que el Ministerio de Hacienda realiza fiscalizaciones que consideran sobrepasan lo tributario y de lo que tiene competencia, siendo parte del «acoso» del Gobierno al periódico.
Además, se refirieron a los pronunciamientos de la población en contra de los periodistas a causa de «la narrativa» de la Presidencia, entre estos, amenazas de prender fuego la sede del periódico, colocación de coches bomba y señalamientos específicos contra sus vidas y las de sus familias.
Así también, suscribieron en la solicitud que acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y solicitaron que se ejerza acción penal por la posible comisión del delito de apología, incitación publica de terrorismo, entre otros delitos, pero no se ha brindado ninguna medida de protección.
La postura del Gobierno fue de rechazo a cualquier afirmación de encontrarse obstaculizando la labor periodística en El Salvador y expresó que existe una sólida institucionalidad y competencias específicas, derivadas del mandato constitucional conferido a la Fiscalía General para la investigación de hechos delictivos que pudieses constituir un atentado en contra del libre ejercicio periodístico.
No obstante, la CIDH consideró que existen razones suficientes para implementar las medidas cautelares que debe cumplir el Estado y nombró las siguientes:
- Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias identificadas.
- Adopte las medidas necesarias para que las personas beneficiarias puedan desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas y hostigamientos.
- Concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes.
- Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelares y así evitar su repetición.
El Gobierno tendrá 15 días para informar la adopción de medidas y actualizarla de manera periódica.
