Debido a que la Directora del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ligia Gallardo, y la Directora del Centro de Atención de Adultos Mayores Sara Zaldívar, Claudia Susana Barahona, manifestaron no poseer datos de los fallecidos por COVID-19 en el lugar, por ser manejado por el Ministerio de Salud, los diputados certificarán la comisión de posibles delitos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La «Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia» dio a conocer este lunes el informe parcial, en el que reportaron hallazgos y detallaron recomendaciones, entre ellas, que la Asamblea Legislativa considere notificar de delitos a las funcionarias al Ministerio Público y faltas al Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El pasado 1 de febrero, las autoridades del ISRI y del asilo asistieron a la primera convocatoria de la comisión especial que investiga el manejo de la pandemia de COVID-19, luego de nueve inasistencias a las comisiones de salud y de la familia.
Ambas fueron cuestionadas sobre la cantidad de adultos mayores fallecidos bajo su tutela, puesto que un informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) señaló que serían 42 ancianos.
Por su parte, la directora del centro expuso que fue Salud el encargado de la logística, protocolos y lineamientos, por lo que ellos referían a los pacientes cuando presentaban síntomas graves.
«Ellos eran los encargados de llevar toda la parte clínica», indicó.
Ambas funcionarias sostuvieron que dentro del centro fallecieron 16 adultos mayores; no obstante, no podían responder por los casos que fueron referidos y fallecieron en hospitales.
Por lo que los legisladores cuestionaron por los 77 ancianos menos, siendo que solo de 16 poseen el registro de muerte por COVID-19, a lo que contestaron que 10 casos fueron de familiares que se llevaron a los mayores y también destacaron que la tasa de mortalidad mensual en el hogar es de entre dos a tres.
Por lo tanto, los diputados establecieron que no hay respuesta de las autoridades por un total de 51 adultos mayores.
