La Comisión Especial que investiga los ingresos, colocación de bonos y préstamos del Estado en el marco de la pandemia acordó convocar al Comité de Veeduría y Seguimiento de los $2,000 millones autorizados a buscar a través de crédito o colocación de bonos para atender la pandemia de COVID-19 en el país.
Esto debido a que el comité rindió su segundo informe en el que reflejó que los fondos se utilizaron de una forma distinta a la aprobada en el decreto que autorizó los préstamos. La convocatoria será para el próximo lunes 22 de febrero en horas de la mañana.
«Ya nos refleja hechos graves. Estableció en su informe que aun cuando en el decreto está establecido el mecanismo a utilizar, prácticamente el Gobierno lo desconoció, no lo aplicó, se fueron por la ruta del fopromid», manifestó la diputada Yanci Urbina.
Según los datos del comité, son $999.3 millones los recursos que tuvo a disposición el Gobierno en el marco del decreto 608 que autorizó los $2,000 millones, contando las transferencias que en primer momento no provenían de préstamos, sino momentáneamente del presupuesto general.
De estos se gastaron $55 millones para cumplir con la contrapartida de FOMILENIO II y $52 millones a pensión de veteranos de guerra, que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, mismos que no se refieren a la emergencia de COVID-19.
Los $892.3 restantes se canalizaron en su mayor parte en FOPROMID y solo $219,3 millones fueron al FERRE y $191.7 para los 262 municipios, según el comité.
Sin embargo, de los recursos al FERRE ($219,3 millones) a través de decretos ejecutivos se recortó y se dirigió al FOPROMID, quedando $23 millones al fondo original que planteó el decreto. Los movimientos no habrían sido autorizados por la junta directiva que involucra a cinco carteras de Estado, sino que fue de forma directa por el Ministerio de Hacienda.
«Si solo nos quedáramos con el presupuesto serían solo 23.5 millones, pero el objetivo es la transparencia y veeduría, debemos analizar todo», señaló el comité el pasado 2 de febrero.
Por su parte, los diputados consideraron que se debe profundizar en el manejo de los fondos por incumplimiento a la ley y posibles delitos, ya que también se habrían hecho movimientos de fondos de carteras de Estado sin aprobación legislativa que requiere la Constitución.
«Los recursos del pueblo son sagrados, han sido malversados por los funcionarios», dijo Rodolfo Parker del PDC.
