Un propuesta de reformar la Constitución de la República para eliminar la prescripción del delito de enriquecimiento en funcionarios y empleados públicos ingresó este miércoles a la Asamblea Legislativa y comenzará a estudiarse en la Comisión de legislación y puntos constitucionales.
De acuerdo con el Presidente del Congreso, Mario Ponce, la iniciativa se firmó por 32 diputados.
«Es un mal que han venido arrastrando el país», aseguró, haciendo el llamado a los legisladores en la sesión plenaria que aún pueden suscribirse a la iniciativa.
La reforma es al inciso final del artículo 240 de la Carta Magna, que actualmente establece que «los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento».
Por lo que se espera eliminar los 10 años indicados.
Una reforma a la Constitución debe se avalada por dos periodos legislativos; es decir, si la actual Asamblea la aprueba, tiene que ser ratificada por el próximo pleno.
