Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto acordaron solicitar informes sobre la ejecución del Fideicomiso para la Recuperación Económica de Empresas, denominado «Firempresa» para estudiar las reformas solicitadas por el Ministerio de Economía y el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL).
El fideicomiso contempla un total de $600 millones y consta de tres programas: $360 millones para capital de trabajo para las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), $140 millones para subsidio del 50% de planilla y $100 millones para el sector informal; estos se administran por medio de BANDESAL.
«No hemos conocido los criterios que tienen que publicar, eso no está público. Es bueno hablar del fideicomiso y aspectos a mejorar, que se solicite informe sobre la información, que pueda ser clara. Hay un comité de veeduría, pero no hemos tenido informe, sería bueno saber si es que ha tenido acceso a la información, eso está formando parte del expediente, sería de utilidad conocer», dijo la legisladora del FMLN, Yani Urbina.
Según los parlamentarios, previo a las reformas, se debe conocer cómo se han canalizado los recursos, por lo que además de los informes, se solicitará la comparecencia del titular de Bandesal, Juan Pablo Álvarez, así como de la Ministra de Economía, María Luisa de Hayem.
La convocatoria se giró para el próximo lunes 15 de marzo.
Según el Presidente de Bandesal, la modificación se debe a que de los $140 millones para el programa de subsidio para el pago del 50% de planilla se canalizaron $62.1 millones a 13,500 empresas y el plazo para acceder a éste finalizó el 14 de diciembre, por lo que «han sobrado» $77.9 millones.
La reforma indica que $50 millones del sobrante pase a la oportunidad de crédito al sector informal, para el que originalmente se contaba con $100 millones que indicó ya fueron desembolsados en 19,000 empresarios.
Durán explicó que de los $27.9 millones serán para poner en marcha un programa de subsidio dirigido al sector artístico, pescadores artesanales, taxistas, transporte turístico y servicio escolar.
Como tercera reforma, se solicitó destinar $30 millones para poder otorgar créditos a instituciones educativas y universidades privadas, que se han visto afectadas por la crisis del Covid-19.
