Casos de corrupción y falta de transparencia en el Gobierno fueron señalados en informe de Estados Unidos

La Secretaría de Estado de Estados Unidos dio a conocer su informe de Derechos Humanos sobre los distintos países del mundo en el 2020, incluyendo Latinoamérica y El Salvador, donde entre otros temas, se abordó un apartado sobre «Corrupción y falta de transparencia en el gobierno» en nuestro país.

El primero de los casos enlistados en el reporte estadounidense fue sobre la publicación de un medio digital sobre presuntas negociaciones del Gobierno con pandillas para obtener obtener apoyo electoral y una reducción de homicidios antes de las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021.

Asimismo, en la misma temática de negociaciones con estas estructuras, resaltaron la orden de arresto del exministro de Defensa David Victoriano Munguía Payes y el expresidente Mauricio Funes, por casos asociados con la tregua de 2012-14 con las pandillas MS-13 y 18th Street.

Dentro del Ejecutivo, se mencionó sobre las compras gubernamentales «irregulares» de alimentos, equipo de protección personal y otros suministros para combatir la pandemia COVID-19 que supuestamente involucró precios inflados, acuerdos con empresas vinculadas a funcionarios gubernamentales y compras a empresas.

«Estas transacciones incluyeron la compra de $ 1.1 millones de máscaras protectoras por supuesta inflación de precios a empresas asociadas con el recién nombrado ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, y el titular del Fondo Ambiental Salvadoreño, Jorge Alejandro (“Koky”) Aguilar Zarco; la compra de $ 12 millones en suministros médicos de Javi Performance Parts, una compañía española de autopartes que presentó por última vez los informes financieros requeridos en 2012, y $ 3.5 millones en suministros médicos de Lasca Design LLC, una empresa de cerámica con sede en Florida, ninguna de las cuales tiene experiencia aparente en la fabricación o venta de suministros médicos», relata el documento.

Además, mencionaron que solo «Koky» Aguilar fue removido de su puesto por estas acusaciones de corrupción.

«El 26 de junio, el fiscal general confirmó que había abierto investigaciones penales de varios altos funcionarios de la administración de Bukele sobre la base de informes periodísticos sobre corrupción. Al 19 de octubre, el fiscal general no había presentado cargos públicos contra ninguno de esos funcionarios», añade el informe estadounidense.