“La corrupción sigue siendo un reto en lo referente a nuestra relación con Honduras», reconoció el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en rueda de prensa el lunes.
El vocero contestaba así a un pregunta directa sobre el presidente Juan Orlando Hernández, sobre quien pesan acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos, después de que el enviado especial de EE. UU. para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, no incluyera a Honduras en su primera gira oficial, que le llevará a visitar Guatemala y El Salvador, esta semana.
El vocero, no obstante, quiso restar importancia a este detalle y aseguró que la delegación estadounidense planea reunirse con funcionarios hondureños una vez regresen, incluido el canciller, Lisandro Rosales, quien tiene previsto visitar Estados Unidos próximamente.
Price quiso, además, recalcar la «preocupación» de su país ante «los retos que el pueblo de Honduras afronta en estos momentos», como la pandemia y el impacto de desastres naturales, y aseguró que la Administración Biden trabajará con todos aquellos que estén comprometidos en luchar contra “una corrupción que, ciertamente, se ha vuelto endémica en este país”.
Separación de poderes en El Salvador
En el caso de El Salvador, un país cuyo presidente, Nayib Bukele, ha protagonizado una serie de desencuentros con el Gobierno estadounidense en los últimos días, Price apuntó al deterioro de la separación de poderes como una señal de alarma.
“Esperamos que el presidente Bukele restaure una fuerte separación de poderes, allá donde se han erosionado, y que demuestre el compromiso de su Gobierno con la transparencia y con la rendición de cuentas hacia la gente de El Salvador», dijo Price en referencia a los numerosos informes que advierten de la situación, rechazados desde hace tiempo por el propio presidente.
El portavoz de la cartera de Estado, reiteró que la Administración Biden «valora» la relación con este país centroamericano, pero subrayó que seguirá «haciendo énfasis a los líderes políticos sobre la importancia de las instituciones democráticas» cada vez que negocien con ellos.
“Nuestro objetivo en todo esto es crear las condiciones para que el pueblo de El Salvador pueda vivir vidas saludables y exitosas», afirmó.
El pasado mes de marzo, sin embargo, Bukele criticó la estrategia adoptada por Washington a la hora de hacer frente a los problemas de la región al considerar que cae en el error de englobar a tres países cuyas realidades son muy diferentes -El Salvador, Honduras y Guatemala- bajo el mismo paraguas del término Triángulo Norte, y consideró que se trata de «un plan reciclado» que no funcionó en el pasado.
El plan de ayuda económica del presidente Biden para los países de la región, ha generado numerosas críticas en el país, al considerarse que es una inversión que puede perderse por los vericuetos de la corrupción, algo que incluso ha llevado a la legisladora Norma Torres, la única centroamericana miembro del Congreso de EE. UU., a pedir a la Administración limitar «severamente» la asistencia a los gobiernos de Centroamérica.
El plan establece una partida de 4.000 millones de dólares, en cuatro años, a países del Triángulo Norte de Centroamérica para abordar las “causas fundamentales” del éxodo de personas de esos países.
Los fondos estarían destinados a gobiernos y organizaciones para reducir la “corrupción, violencia y la pobreza endémicas que hacen que las personas huyan” de Centroamérica.
La medida ha sido bien recibida por los representantes de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que expresaron a la Voz de América que esta es una agenda compartida.
¿Y qué dice el proyecto sobre la seguridad fronteriza?
La propuesta delinea una estrategia de “seguridad inteligente” que descarta la necesidad de un muro fronterizo.
“El enfoque del presidente incluye medidas contundentes contra organizaciones criminales, aumentado la habilidad de detener y enjuiciar individuos involucradas en redes de tráfico de narcóticos y contrabando de personas”, explicó un alto funcionario de la administración.
Así mismo el proyecto demanda la implementación de un plan para “acelerar la detección y mejorar la capacidad de identificar narcóticos y contrabando en cada puerto de entrada terrestre, aéreo y marítimo”.
