Por tercera ocasión, se reprogramó la continuación del juicio contra el exministro de salud, José Guillermo Maza Brizuela y diez personas más, por los delitos de estafa agravada, negociaciones ilícitas y falsedad documental, caso que se conoce en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
Para este 12 de abril se esperaba que se instalara; no obstante, fuentes judiciales manifestaron que esta tercera reprogramación tiene la misma motivación que la segunda el pasado 22 de marzo y se debe a que uno de los jueces que conforman el tribunal colegiado presentó complicaciones de salud, lo que no permite que continúe la audiencia.
El juicio estaba programado en el primer momento para el lunes 15 de marzo; pero debido a que la defensa presentó un recurso de revocatoria se reprogramó para el viernes 19 para dar respuesta.
Ese día, el Tribunal resolvió como improcedente el recurso en el que se solicitaba la suspensión del proceso penal, por haber supuesta prescripción de delitos, mismo que se remitió a la Cámara Tercera de lo Penal; por lo que los jueces programaron la continuación de la vista pública.
Asimismo, una de las juezas que forma parte del tribunal previno a Fiscalía General de la República (FGR) que, en este tiempo, debe resolver algunas diligencias propias del caso. En este tiempo también, la defensa espera que la Cámara Tercera de lo Penal resuelva el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria sobre el caso, en relación a su representado.
En el proceso se acusa a contratistas, empresarios de la construcción y un abogado de estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos por la reconstrucción del Hospital San Pedro de Usulután y la construcción del Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente; en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
El exministro Maza Brizuela, fungió como titular del Ministerio de Salud de 2004 al 2009, en el periodo presidencial de Elías Antonio Saca y según la Fiscalía General de la República (FGR), se detectaron irregularidades en las construcciones de referidos nosocomios, que causó un perjuicio económico al Estado por $5 millones 142,96.57.
Por el proyecto del Hospital Santa Gertrudis, el monto es de $1 millón 052,043.77, mientras que por el Hospital San Pedro en Usulután, presuntamente lo defraudado oscila en $4 millones 090,052.80.
Las negociaciones ilícitas, según el artículo 328 del Código Penal se refieren a: «El funcionario o empleado público que debiendo intervenir por razón de su cargo, en cualquier contrato, licitación, subasta, decisión o cualquier operación, se aprovechare de tal circunstancia para forzar o facilitar cualquier forma de participación directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo».
Además, la normativa señala que el funcionario que «interviniere en cualquier contrato, suministro, licitación o subasta en que estuviere interesada la Hacienda Pública y aceptare comisiones o porcentajes en dinero u otras dádivas que le ofrecieren los interesados o intermediarios, será sancionado con prisión de dos a cinco años».
Todos los acusados fueron sobreseídos por el Juzgado Primero de Instrucción, el 24 de abril de 2017. En noviembre de 2017 la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, revocó el sobreseimiento definitivo pronunciado por el juez y le ordenó apertura del proceso, no obstante, la defensa, presentó un recurso de casación a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el cual no fue favorable para el imputado.
