Por: Redacción YSKL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha requerido del Estado salvadoreño información relacionada al caso de instigación de la abogada Bertha María Deleón.
La solicitud deviene de una petición de medidas de protección para la jurista y su familia, en virtud de una “persecución política” que estaría gestando el Gobierno central.
El 10 de junio es la fecha límite para que el Estado presente a la CIDH, un informe que rinda la situación de su caso.
El requerimiento de la CIDH se llevó a cabo el pasado 3 de junio, una semana después de que la abogada Ruth López, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaran medidas cautelares para Deleón y su familia.
El CEJIL calificó las acciones como una “campaña de estigmatización, hostigamiento y proceso de criminalización” que se ha emprendido en su contra.
La abogada, enfrenta actualmente tres investigaciones penales, una de estas promovidas por Walter Araujo, ex candidato a Diputado de Nuevas Ideas, a quien Deleón demandó por expresiones de violencia contra la mujer; la tesis de Araujo, es que la abogada incurrió en revelación de información del caso, que ya guarda reserva total. Según dijo, “impidió su libre ejercicio de defensa”.
Producto de este caso, la Sala de lo Constitucional suspendió la candidatura de Araujo; el ex aspirante político habría advertido el 26 de abril del 2021, que demandaría a Deleón por “abusar” de su posición para divulgar el caso.
El 5 de mayo, la Fiscalía General de la República notificó a la letrada de la apertura de expediente de Araujo y otros dos más.
Según las organizaciones solicitantes, “esta campaña de ataques pone a Bertha Deleón y a su familia en una inminente situación de riesgo que hace temer por sus vidas e integridad”.
El CEJIL señaló que la solicitud de medidas “se genera ante el riesgo inminente de un daño irreparable a derechos de vida, integridad y libertad personal”, de Deleón, quien argumentó que los casos en su contra se han “acelerado” con la llegada del nuevo Fiscal General, Rodolfo Delgado, quien fue nombrado el primero de mayo por la nueva Asamblea Legislativa.
En una entrevista con El Faro, Deleón señaló que Delgado fue impuesto por el Presidente Nayib Bukele, quien supuestamente habría emprendido “actuaciones arbitrarias”, que ella criticó, razón por la cual, terminó una relación profesional con el ahora gobernante.
“Ahora, ya se controla desde la Presidencia a la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional. Lo que hace que nadie tenga garantías judiciales y eso es grave. Realmente es grave y para mí es doblemente grave”, advirtió al medio.
La CIDH precisó que el Estado deberá informar si Deleón y sus familiares ya cuentan con medidas de protección y, en ese caso, sobre la idoneidad y efectividad de las mismas.
Asimismo, la CIDH también solicita información sobre la situación o resultados de las investigaciones con relación a las denuncias presentadas por la abogada.
Una vez finalizado el plazo estipulado para recibir la información solicitada, la CIDH decidirá sobre el otorgamiento de las medidas cautelares.
