Con 62 votos a favor y 17 en contra, la Asamblea Legislativa derogó el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de 2021 que avaló la anterior legislación, en la que exponía que las reservas de liquidez que fija la Superintendencia del Sistema Financiero deben ser avaladas por el Congreso.
Fue el Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, quien solicitó al nuevo Parlamento desechar dicho artículo, pues señaló que «limita» al Banco Central de Reserva (BCR) para responder ante una crisis por falta de liquidez.
Es decir, cualquier cambio a la reserva no deberá ser autorizada por el Congreso.
«… de manera que se dote a las autoridades financieras de la agilidad necesaria en cuanto a la toma de decisiones sobre el establecimiento de coeficientes de reserva de liquidez óptimos, sobre todo en momentos de tensión financiera donde se requiere adoptar medidas rápidas y oportunas, con el objeto de salvaguardar la estabilidad del Sistema Financiero», expuso Zelaya a los diputados.
Las reservas de liquidez son los fondos precautorios que se no pueden tocar los bancos, pues forman la garantía de los depósitos de las personas.
«Los bancos están seguros y la reserva de liquidez es fuerte para seguir generando confianza. Entonces, ¿por qué generar estrés a las entidades financieras haciéndolas pasar por ese 22 % de liquidez cuando no es necesario?», señaló la diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, apoyando la iniciativa.
Anabel Belloso del FMLN criticó la iniciativa, pues apuntó al Gobierno de falta de transparencia y destacó que la reserva de liquidez es usada para adquirir deuda a corto plazo como los Certificados del Tesoro (CETES) y Letras del Tesoro (LETES) en la banca nacional.
El expresidente del BCR, Nicolás Martínez, reveló en septiembre del año pasado se mencionó que la institución realizó una liberación de reserva de liquidez a bancos para que estos pudieran otorgar créditos hacendarios, entre otros, a empresas y familias por las afectaciones económicas de la pandemia, mismos que se realizaron en el mes de marzo, cuando el Estado también ofreció al mercado LETES y CETES por alrededor de $800 millones.
