Funcionarios de Estados Unidos se pronunciaron ante la revelación de la «Lista Engel» de las personas de gobierno y empresarios señalados de actos de corrupción en el denominado «Triángulo Norte» de Centroamérica; es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras.
«Incluye funcionarios e individuos de los países que tenemos información de corrupción. La lucha contra la corrupción es una de las prioridades del Gobierno del Presidente Biden. Nos verán hablar de una manera muy franca sobre este tema, no solo en el continente en el mundo […] Que los líderes políticos la tomen en serio, que se investiguen, que tomen pasos para progresar batallando con la corrupción. No solo es defender la democracia, es también propiciar el ambiente para invertir en países que no tengan corrupción», indicó la Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, la noche antes que fuera público el listado.
La Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Jean Manes, aseguró que con la divulgación de la lista, le corresponde al país combatir la corrupción y denunciar a quienes la prosperidad del país para beneficiarse del poder y debilitar la democracia.
«El impedimento más grande para el desarrollo del país es la malversación de fondos públicos, la reciente publicación es una herramienta más para ayudar a El Salvador a combatir la corrupción […] la corrupción corroe la confianza pública, impide la inversión para que los ciudadanos puedan desarrollar», expresó en un video que compartió en redes sociales.
El Secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, dijo en su cuenta de twitter: «hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos. La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor
La Lista Engel en El Salvador
Funcionarios
Relacionados con la actual administración:
- Carolina Recinos, Comisionada Presidencial de Gabinete de Gobierno, relacionada con actos de corrupción sobre fondos públicos que pasaron a beneficio personal y posible lavado de dinero.
- Pablo Anliker, ex ministro y viceministro de Agricultura, por tomar fondos públicos para beneficio personal.
- Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por «socavar los procesos o las instituciones democráticas», al intervenir dando asistencia en el proceso de destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General el 1 de mayo.
- Rolando Castro, ministro de Trabajo, por obstruir investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos o las instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos.
- Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, por posible soborno y corrupción.
- Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad y Justicia, por apropiarse de fondos públicos para beneficios personales.
- Carlos Reyes, diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, por influencias inapropiadas en proceso de selección de la Corte Suprema.
- Guillermo Wellman, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por causar retrasos innecesarios en la tabulación y resultados de elecciones para su beneficio personal.
De antiguas administraciones:
- Walter Araujo, expresidente del TSE y excandidato a diputado por Nuevas Ideas, por llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 y amenazar repetidamente a los candidatos políticos.
- José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, y exdiputado por el partido FMLN, por soborno y posibles lavado de dinero.
- Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, por abusar de su autoridad en la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal.
- Sigfrido Reyes, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); quien enfrenta procesos penales y civiles por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su gestión.
Empresarios:
- Adolfo “Fito” Salume, por participar en una «corrupción significativa» y socavar los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa.
- Enrique Rais, por al sobornar a funcionarios públicos.
