Por: Redacción YSKL
Miembros del Foro del Agua, presentaron este lunes en la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia contra la granja porcícola Santa Elena – Montefresco, ubicada en el Cantón Santa Lucía y Santa Rosa, del municipio de Ciudad Arce, Departamento de Libertad.
Sara Valladares, habitante del Cantón Santa Lucía señaló que la granja porcina se convirtió en un foco de enfermedades estomacales y ha implicado serios daños en el agua que fluye en el río Amayo, el cual abastece a 15,000 familias que habitan en el lugar.
Valladares señaló al actual propietario, Paulino Maximiliano Portillo, de continuar funcionando la porcícola, pese a habérsele retirado los permisos de salud para operar.
“Desde el 2017 me uní a la denuncia (…) se le ha impuesto medidas cautelares desde hace mucho, y se ha sentido cómodo con el poder que dice que tiene”, manifestó.
Según dijo la cerdaza y otros desechos son vertidos en el río Amayo, aunado a que las fosas de desagüe no están impermeabilizadas, por lo que se infiltran directamente al suelo afectando a las comunidades cercanas.
Si bien la empresa contaba con los permisos de Medio Ambiente desde el año 2007 (por orden de un juzgado de Sonsonate), no siguió las normas de cumplimiento en cuanto a permisos de salud, pues vencieron en el año 2014, solo tres años antes que iniciara el proceso en su contra.
Este permiso consistía, en regular la población de cerdos, según la demanda presentada hoy, sobrepasó la población estipulada por normativas de los Ministerios de Medio Ambiente, la cual le permite solo 986 ejemplares, pero en años recientes, esta creció a más de 2,500, convirtiéndose en fuente de contaminación de la tierra y mantos acuíferos.
En 2017, el Juzgado Ambiental de San Salvador certificó a la FGR una serie de medidas cautelares contra Santa Elena – Montefresco, al dar por hecho que habría cometido el delito de contaminación del medio ambiente en los componentes y recursos hidro-biológicos, de conformidad con el artículo 265 del Código Penal.
Alejandro Henríquez, parte del Foro del Agua, aseguró que existe una mala fe de parte del propietario, pues ha incumplido con normativa judicial y municipal. “Por las heces y cerdaza se han contaminado el aire y el agua, no es justo que un señor genere daños y riesgos y le generen ganancias, mientras que las personas de la comunidad, tiene que dejar de hacer gastos para sobrevivir, en salud…el 1 de junio fuimos a la Alcaldía de Ciudad Arce para denunciarlo porque es una clara contravención de una ordenanza de cuido y protección al medio ambiente, son dos procesos, esperamos a la Fiscalía procesar penalmente al señor Paulino Maximiliano Portillo y la Alcaldía el cierre definitivo de la porqueriza, ambas entidades protegen bienes diferentes, pero no son excluyentes una de la otra”, puntualizó.
Hace cuatro años, la pretensión del Ministerio Público era que Portillo Herrera restaurara el daño causado, pero gracias a que la defensa del acusado presentó elementos de prueba que trataban de demostrar que no existe daño ambiental alguno, fue desestimada la condena a la restauración del ecosistema e indemnización por no haber rastros de dicha contaminación.
No obstante, sí le ordenó que regularizara el funcionamiento de su granja de cerdos y los procedimientos legales que lo obligan a mitigar, compensar y limitar la producción de daños ambientales, debiendo presentar un formulario ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente, debido a que sí se comprobó que realizó modificaciones en su proyecto, posterior al permiso otorgado por la cartera de Estado.
La cartera de medio ambiente informó horas después que realizó una inspección en la granja, en donde se constató que no cumple con los requisitos sanitarios para operar.
