Por: Redacción YSKL
Luego de que 14 salvadoreños fueran consignados en la Lista Engel de los Estados Unidos, el Fiscal General, Rodolfo Delgado, sostuvo este lunes que hasta que las autoridades de aquel país no emitan una comunicación oficial sobre las investigaciones, “no podemos valorar o hacer una apreciación sobre el contenido”.
El funcionario, dijo en la entrevista Hechos de Canal 12, que “lo que pueda aparecer en ese listado, en un momento dado, si acaso deciden ofrecerlo, va a tener que ser objeto de valoraciones necesarias conforme a nuestra legislación, si nuestra legislación dice que lo que para Estados Unidos pueda ser delito, pero para nosotros no lo es, entonces yo estoy obligado a cumplir la ley de El Salvador”.
“Si yo no tengo un elemento objetivo, yo no puedo mencionar y decir ‘mire, voy a iniciar una investigación contra estas personas’, aún y cuando aparezcan personas en este listado, yo no puedo hacerlo”, explicó Delgado.
El argumento que brindó es que Estados Unidos tendría que compartir los elementos probatorios con la Cancillería salvadoreña, “si va a poner a la vista los elementos recabados, si ellos dicen ‘los vamos a ver y los vamos a examinar detenidamente’”, sostuvo.
Sobre la #ListaEngel, @FiscalGeneralSV señala que indagarán señalamientos de haber comunicación oficial con Estados Unidos.
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— Radio YSKL (@radioyskl) July 5, 2021
El listado de funcionarios y exfuncionarios relacionados a posibles casos de corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras, conocida como “Lista Engel”, fue publicada este 1 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, luego de que el Congreso aprobó, el 27 de diciembre la Ley de Participación Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, que exigía la creación del listado.
De 55 personas en el reporte, 14 son de El Salvador y 7 de ellos, forman parte del actual gabinete de Gobierno. La Lista Engel se basa en investigaciones que señalan a los sindicados “en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas”, que va desde contratos gubernamentales, sobornos y extorsión. Además, transferencias de recursos obtenidos por “incluso a través de lavado de dinero; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales”.
En consecuencia, sus visas serán revocadas y no podrán poner un pie en los Estados Unidos para los próximos tres años. La medida está sujeta a ampliación si se determina la participación de éstos, o sus familiares, en actividades ilícitas.
Relacionados con la actual administración: Carolina Recinos, Comisionada Presidencial de Gabinete de Gobierno, relacionada con actos de corrupción sobre fondos públicos que pasaron a beneficio personal y posible lavado de dinero; Pablo Anliker, ex ministro y viceministro de Agricultura, por tomar fondos públicos para beneficio personal; Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, por “socavar los procesos o las instituciones democráticas», al intervenir dando asistencia en el proceso de destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General el 1 de mayo”; Rolando Castro, ministro de Trabajo, por obstruir investigaciones sobre corrupción y socavar los procesos o las instituciones democráticas en un esfuerzo por dañar a sus oponentes políticos; Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, por posible soborno y corrupción; Rogelio Rivas, ex ministro de Seguridad y Justicia, por apropiarse de fondos públicos para beneficios personales; Carlos Reyes, diputado de ARENA en la Asamblea Legislativa, por influencias inapropiadas en proceso de selección de la Corte Suprema; Guillermo Wellman, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por causar retrasos innecesarios en la tabulación y resultados de elecciones para su beneficio personal.
De antiguas administraciones: Walter Araujo, expresidente del TSE y excandidato a diputado por Nuevas Ideas, por llamar a la insurrección contra la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 y amenazar repetidamente a los candidatos políticos; José Luis Merino, exviceministro de Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo, y exdiputado por el partido FMLN, por soborno y posible lavado de dinero. Ezequiel Milla, exalcalde de La Unión, por abusar de su autoridad en la venta de la Isla Perico a agentes de la República Popular China a cambio de un beneficio personal; Sigfrido Reyes, exdiputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); quien enfrenta procesos penales y civiles por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en su gestión.
Empresarios: Adolfo Salume, por participar en una «corrupción significativa» y socavar los procesos e instituciones democráticos al sobornar a un magistrado de la Corte Suprema para evitar el pago de una multa; Enrique Rais, por sobornar a funcionarios públicos.
