Fiscalía propone crear Ley de Personas Desaparecidas

Foto: EDH

Por: Redacción YSKL

El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado asistió a la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa para exponer un proyecto de ley de personas desaparecidas.

El objetivo de la propuesta es responder más ágilmente a las denuncias por desapariciones, y establecer los tipos penales sobre este flagelo.

“Las primeras 72 horas son vitales para llegar a establecer si se trata de una desaparición voluntaria o involuntaria y puede ayudar a prevenir delitos más graves como los cometidos en contra de la libertad sexual o libertad de vida”, explicó Delgado.

En su participación, el jefe del ministerio público señaló que la ley busca mejorar los procedimientos para recabar y custodiar las muestras de ADN que se extraigan a los familiares para la búsqueda del desaparecido.

“La Fiscalía es la que tiene que interactuar con el Órgano Judicial para obtener elementos de prueba como las muestras de ADN de los familiares una vez que transcurra plazos determinados, porque no podemos, desde un primer momento, tomar esas pruebas, y que poco a poco venga a servir como un banco de comparación para futuras investigaciones”, explicó.

También dijo que es necesario promover la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda y de Registro de Personas Desaparecidas, que incluya mecanismos para proteger a la familia de la víctima “Es necesaria la creación de un cuerpo normativo que de uniformidad entre las instituciones en cuanto a las personas desaparecidas (…) que esté coordinada entre Policía, Fiscalía, Órgano Judicial y Medicina Legal, para que todos manejen los mismos datos de la persona desaparecida”.

Por otra parte, también propuso crear dentro de la ley la “Declaración de Ausencia”, que consiste en garantizar la patria potestad y la protección de los menores de edad, el patrimonio de la persona desaparecida, créditos personales o hipotecarios y procesos para heredar de manera temporal y bajo supervisión judicial, “es decir, la desaparición de una persona afecta el funcionamiento de un hogar, cuando una persona desaparece, quedan en el limbo jurídico los pagos de créditos, hipotecas, que los bancos continúan cobrando (…) por otro lado, la situación de los menores si sus padres son víctimas de este flagelo, esta propuesta contempla una serie de medidas que vendrán a darle respuesta a estas circunstancias”.

La Asamblea Legislativa, por medio de una reforma al Código Penal, añadió el delito de Desaparición de Personas, que incluía penas de cárcel entre 15 a 25 años para frenar este tipo de delitos. Dicha enmienda se aprobó con 72 votos el 31 de octubre del 2019.

Una comisión especial conformada por esta misma legislatura, concluyó el 23 de abril, recomendar la creación de una comisión de búsqueda, tratamiento y seguimiento de personas desaparecidas, en las que la FGR como la Policía Nacional Civil (PNC) debían integrar capacidades para hallar a las víctimas y darles un tratamiento con enfoque “victimológico”, a sus familias.

Dicha normativa pretendía crear una Comisión Nacional de Búsqueda que encontrara personas desaparecidas, la cual sería administrada y financiada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

Además, contemplaba la creación en la PNC de una Unidad especializada para buscar personas desaparecidas y personas que no hayan sido identificadas.

Asimismo, se sugería al Congreso ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, así como adecuar la legislación nacional a los contenidos de ambos instrumentos internacionales.

Por otra parte, se recomendó al Gobierno que se cree un Sistema Nacional de Búsqueda de Persona Clasificada como Desaparecida, el que debería estar integrado por la Fiscalía, Policía e Instituto de Medicina Legal; con ello se buscaba que «un tratamiento integral de las investigaciones, protocolos, búsquedas de tipo antropológico, análisis forenses, seguimiento e interrelación con familiares de víctimas, base de datos, programas de acceso, información y difusión pública, participación ciudadana».

Al Estado salvadoreño, según el informe avalado por el Pleno, se le sugiere que adopte métodos científicos como identificación dactilar (peritaje de identificación de necrodactilia), propuesto por el Instituto de Medicina Legal y el Comité Internacional de la Cruz Roja, para una identificación más expedita y certera de cadáveres y restos de personas no identificadas, esto tendría que ejecutarse en coordinación con el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), instancia que debería permitir el acceso a los registros dactilares al Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de La República y la Policía Nacional Civil.

El 19 de mayo del 2021, la nueva gestión legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas, decidió enviar a archivo el proyecto que estaba discutiendo la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, porque consideró que era mejor crear normativas “acorde a la realidad actual”.