El Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió a la Comisión de Hacienda reformar el decreto 686, mediante el que se autorizó la suscripción de un préstamo de $50 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que no se destinen fondos a las municipalidades.
El préstamo fue renegociado por el Ministerio de Hacienda, luego que venciera su plazo el 8 de abril pasado por el proceso de inconstitucionalidad en el que estuvo el decreto en el que había sido aprobado por la anterior Asamblea Legislativa.
Los $50 millones que se incluían para la brecha presupuestaria, se habían destinado en un 30% para las alcaldías, lo que Zelaya aseguró fue inconsulto con el Ministerio de Hacienda.
El crédito formaba parte de los $2,000 millones para atender la pandemia de COVID-19, de los cuales desde su autorización, se declaró que el 30% sería para los 262 municipios; pero que luego de no ser aprobados en 2020, Hacienda pidió asignarlos al déficit fiscal de 2021.
Zelaya pidió reformar el decreto para que el 100% sea para la brecha.
Fue el 29 de abril que, tras una controversia entre el Presidente Nayib Bukele y la anterior legislatura, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió dar la razón al mandatario y declarar inconstitucional el préstamo.
El Presupuesto General de 2021 es de $7,456 millones con un déficit de $1,185.8 millones, que será financiado con los préstamos restantes de los autorizados para atender a la pandemia y que aún no habían sido aprobados para el mes de diciembre pasado.
