La Comisión Ad hoc que estudia la Ley de Agua comenzó con las jornadas de consulta para emitir una normativa en menos de 90 días, siendo los primeros invitados los académicos; fueron 15 universidades las que asistieron a la sesión de trabajo.
Observaciones UES – Derechos humano al agua y regulación de usos del agua
La Universidad de El Salvador (UES) señaló a los diputados que previo y para que tenga validez la Ley de Recursos Hídricos, deben ratificar la reforma a la Constitución de la República de derecho humano al agua y a su saneamiento, primera aprobación que desarrolló la anterior Asamblea Legislativa.
El Alma Máter destacó que entre los aspectos que deben ser añadidos están las juntas de agua para una gestión comunitaria del recurso, para que tengan un tratamiento especial.
La decana de la facultad de Ciencias Sociales, Evelyn Farfán, señaló que debería agregarse regulación a distintos usos del agua, ya que aunque se expone el uso doméstico, también hay usos industriales, agrícolas, de recreación, «hay que establecer regulación».
La UES destacó que no debe permitirse el uso de agua de áreas protegidas y deben prohibirse vertidos en zonas subterráneas, pues de caso contrario «podría ocasionar que los pocos mantos acuíferos libres de contaminación que nos quedan, se contaminen».
Observaciones UCA – Ambigüedad y vacíos en propuesta
El Vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano expresó que la iniciativa de Gobierno está en sintonía en un 80% con la propuesta de esta institución de educación superior.
No obstante, destacó que existen algunos vacíos.
El artículo 61 de la ley gubernamental permitirá dar autorizaciones superiores a 473,040 metros cúbicos de agua al año por 15 años prorrogables, lo que ha sido señalado por organizaciones ambientales como una permisividad que favorece la industria cañera o de producción de bebidas carbonatadas.
«Es demasiado», apuntó Serrano, pues los permisos podrían oscilar entre los 3 a 5 años para analizar si cumplen los estándares.
Además, resaltó que en la ley no se especifica quién otorga los permisos para el uso, ni declaratorias de emergencia, ni los cobros del Estado para el aprovechamiento del recurso.
