Por: Redacción YSKL
El Instituto de Medicina Legal (IML), principal entidad que administra las mortalidades en El Salvador pasaría a llamarse “Instituto Nacional de Ciencias Forenses” y tendrá rango constitucional, de aprobarse las reformas a la Constitución de la República, que presentó el Equipo Adhoc el miércoles 11 de agosto.
Si bien es cierto, en la actual Carta Magna, no se dedica un apartado que detalle las atribuciones y alcances de esta dependencia (que actualmente está adscrita a la Corte Suprema de Justicia); en la propuesta se establece las facultades legales que tendrá esta institución, en todo lo concerniente a la dirección, organización, administración y funcionamiento.
El Instituto deberá brindar apoyo científico y técnico al Órgano Judicial, otras instituciones públicas “y los particulares en las condiciones que establezca la ley”, este punto, deja abierta la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a informes de peritajes.
Según el artículo 190, el Instituto deberá brindar informes, peritajes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales, Fiscalía, Defensoría General de la República (nueva entidad) y otras instituciones públicas y privadas, a través de la mediación judicial.
Realizar análisis e investigaciones científicas con motivo de la ocurrencia de delitos, va a establecer protocolos de actuación en las distintas disciplinas científicas y asegurar altos niveles de calidad en los informes que emita.
Y efectuar estudios e investigaciones forenses conforme a la política criminal que la Comisión Coordinadora del Sector Justicia formule y coordine.
