Por: Redacción YSKL
Vivienda ubico la mañana de este viernes a 63 grupos familiares que fueron parte de los grupos de la Comunidad El Espino, desalojadas de la zona del bulevar Cancillería por orden judicial en mayo 2018, los grupos familiares han sido reubicados en nuevos apartamentos.
La ministra de Vivienda Michelle Sol, destacó la labor de las cuadrillas del Sistema de Vivienda y la de los privados de libertad del Plan Cero Ocio de Centros Penales. “Hoy más que nunca puedo decirles que estamos celebrando nuestra independencia con acciones” acotó.
“La calle no fue cerrada por capricho, fue cerrada por necesidad, para que no arrollaran a sus hijos. Eran madres preocupadas porque sus hijos no tenían un lugar digno, pero, eso es parte del pasado, Ahondó Sol, además destacó que “Ustedes son los protagonistas de abrir esta calle, están abriendo este bulevar de una manera digna, con la frente en alto; Podemos decir misión cumplida”.
La titular de la Cartera de Vivienda agradeció por el trabajo realizado a las cuadrillas de Vivienda y a los privados de libertad de la Dirección General de Centros Penales.
El proyecto fue apoyado por los cooperantes de Gente Ayudando Gente, New Story y The Fuller Center for Housing.
La inversión del proyecto ronda los $2.1 millones de dólares, de los cuales $1.6 Millones provienen del Gobierno de El Salvador y 550 mil vendrán de parte de la cooperación internacional.
Los apartamentos tendrán de una hasta tres habitaciones y de acuerdo a eso, los habitantes estarán pagando cuotas de $40.00 hasta $65.00 dólares mensuales, estas serán sin interés e irán acorde a la situación socioeconómica de las familias.
Esta será la primera comunidad que tendrán los cables de los servicios subterráneos.
El valor de cada vivienda es de $35,000, de los cuales cada familia solo pagará un monto menor al 25%, equivalente a unos $8,900, en cuotas máximas de $60.00. El diseño de cada vivienda incluye 4 módulos de 2 niveles (8 apartamentos), zonas verdes, huertos caseros, estacionamiento, casa comunal, y áreas recreativas.
Según detalló la ministra, las familias han participado en todas las etapas de construcción de sus viviendas y el Gobierno ha trabajado articulado para garantizar el rápido avance del proyecto, donde participan 40 privados de libertad en fase de confianza para acelerar la obra.
Los habitantes de la comunidad fueron desalojados en 2018 por órdenes del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, que cumplió una permuta de los dueños del inmueble, debido al incumplimiento del Gobierno en pagar por la propiedad.
