El Estado salvadoreño fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional por la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo, el primer día de la nueva legislatura con mayoría del partido Nuevas Ideas.
La demanda fue presentada por las organizaciones Cristosal y el Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción de El Salvador (ALAC), misma que solicitan proceda a elevarla a se a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según Wilson Sandoval de ALAC, la demanda al Estado se interpuso a nombre de los magistrados destituidos.
«Una destitución como sanción, por la puesta de infracciones no tipificadas en un claro abuso del poder de la mayoría […] Fue una maniobra del oficialismo para captar la Sala de lo Constitucional que había señalado la actuación inconstitucional del Ejecutivo con detenciones arbitrarias, despidos ilegales y restricciones a derechos en la cuarentena. Privaron a los magistrados de sus derechos sin las garantías procesales», expuso.
La solicitud es condenar al Estado y que se ordene «reparar el daño provocado», restableciendo el orden constitucional.
Las organizaciones tuvieron el respaldo de jueces, todos presentándose en el Centro Judicial Dr. Isidro Menéndez de San Salvador.
La Jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, Ruth López, destacó que con las reformas a la Ley de la Carrera Judicial aprobadas este martes, se estaría dañando la independencia judicial, por lo que si se publican en el Diario Oficial, también demandarán al Estado.
«Acudiríamos a los organismos internacionales a denunciar las reformas porque en el país no hay garantías de protección de derechos», expuso.
