La Corte de Cuentas de la República (CCR) emitió una resolución en la que dio a conocer que iniciarán las auditorías a cerca de $203.3 millones en fideicomiso y cajeros para implementar el Bitcoin en el país.
La institución auditora de las finanzas públicas admitió una denuncia interpuesta por la organización Cristosal.
Según la resolución, la Corte expuso que se procederá a realizar el informe de análisis jurídico y se remitirá a la Coordinación General de Auditoría para que ordene a la Dirección de Auditoría respectiva realice el examen de auditoría correspondiente.
¿Qué piden auditar?
Previo a que se aprobaran fondos por la Asamblea Legislativa, los cajeros y denominados «puntos Chivo» ya se habían instalado en el país.
Ruth López, Directora Anticorrupción de Cristosal, explicó que en el pliego de petitorios, han pedido a la Corte indagar si se usaron fondos públicos para comprar los cajeros, y confirmar si estos salieron a licitación pública, “y si se cumplieron las exigencias de la ley contra el lavado de dinero y activos”.
El Decreto, que fue aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, comprende un fondo de $230 millones para que el Gobierno construyera las cabinas de atención y cajeros Bitcoin, asimismo, la contratación de una empresa para operar la “Chivo Wallet”, la billetera con la que se pretende manejar las transacciones e intercambios a dólar entre este criptoactivo.
“Las leyes según la Constitución, debe pasarse por un trámite, que es la licitación, y tiene que esperarse 8 días después a la publicación en Diario Oficial, pero este plazo aparentemente no se ha realizado en las fechas, porque antes de entrar en vigencia la Ley Bitcoin, ya el Gobierno había comprado cajeros Chivo, lo que puede tomarse como que no ha pasado a licitación pública”, expresó la abogada.
Los representantes de esta organización señalaron que el 99% de las acciones de Chivo, provienen de fondos estatales, por lo que la CCR puede proceder a auditar.
“Parte de las acciones son de la Empresa Transmisora de Energía (ETESAL), y a su vez es accionista en CEL, es decir una institución autónoma, y por tanto son fondos públicos”, aseveró López.
La solicitud incluye que, de existir alguna conducta ilegal en el manejo de fondos involucrados en la implementación de la ley bitcoin, se certifique a la Fiscalía para la respectiva investigación penal.
