Por: Redacción YSKL
Esta mañana MOVITIERRA El Salvador y la Fundación de Estudios Para la Aplicación del Derecho (FESPAD) pidieron que el Ministerio de Vivienda, el Fondo Nacional Vivienda Popular y el Fondo Social para la Vivienda genere soluciones habitacionales efectivas para familias de escasos recursos y trabajadores por cuenta propia, quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda.
En el marco del Día del Hábitat, las instituciones señalaron que el Estado salvadoreño no ha presentado soluciones efectivas para la reducción del déficit habitacional. Por lo tanto, las organizaciones destacan la necesidad que éste vele porque la ciudadanía tenga una vivienda adecuada y se desarrollen políticas para disminuir el déficit habitacional, señaló William Murcia de FESPAD.
En la actualidad, El Salvador no reconoce constitucionalmente el derecho humano a la vivienda adecuada. Por lo que los representantes de MOVITIERRA Y FESPAD exigen que se “reconozca en la Constitución de la República el derecho, de acuerdo a las estándares internacionales”.
Además solicitaron a la Asamblea Legislativa la derogación de la Ley para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, pues esta es la que permite los desalojos forzosos y expeditos por medio del uso de la fuerza, mediante autoridad judicial.
“Se ha conocido de familias en incertidumbre en cuanto a ser desalojadas como las asentadas en el kilómetro 53 de la carretera de El Litoral, cerca de la Lotificación Costa Azul y del cantón El Zonte (playa el Zonte); las 35 familias en calle Hacienda El Zope, en Acajutla departamento de Sonsonate; las 126 familias que se encuentran amenazadas de desaojo en la comunidad Bendición de Dios, en San Miguel; las 70 familias que temen ser desalojadas en la Hacienda Normandía, en Jiquilisco Usulután”, detalló el defensor.
En la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del año 2020 refleja que de 1, 871,468 hogares contabilizados en el país, solamente el 53.7% son propietarios de sus viviendas, expuso Fernando Martínez de MOVITIERRA.
En ese sentido hacen un llamado a las autoridades a “crear con participación ciudadana, una Ley de Vivienda y Hábitat”, que permita acceso a suelo, financiamiento a viviendas de interés social y que garantice la subsanación del déficit de vivienda.
Además, piden al gobierno cumplir con este llamado, puesto que el derecho a vivienda adecuada ya revista en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966.
