La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre la desaparición forzada de personas en El Salvador, solicitada por varias organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreña, en la que señalaron que el país debe tomar más acciones para hacer cumplir las leyes que ya posee y prevenir estos ilícitos.
Alza de desaparecidos
Organizaciones argumentaron que existe un alza en casos de personas desaparecidas, a pesar que se contabilizan menos homicidios, «abonado a la deficiente respuesta estatal para prevenir, investigar y sancionar estos graves crímenes, así como por la falta de mecanismos eficaces y apegados a estándares nacionales e internacionales de Derechos Humanos que garantizan la búsqueda y determinación del paradero de las víctimas desaparecidas», remarcó Zara Navas de Cristosal en la audiencia.
Navas expuso que las experiencias revelan que cuando las personas no aparecen en la primera semana lo más probable es que hayan sido víctimas de homicidio o feminicidio con el posterior ocultamiento del cadáver.
Entre 2005 y 2016 las autoridades reportaron 238 fosas clandestinas, donde se encontraron restos de miles de personas muchas de ellas reportadas desaparecidas, según fuentes periodísticas en 2017 se localizaron 664 víctimas.
«Lo que demuestra que la desaparición de personas ha sido desde hace 2 décadas una práctica criminal sistemática mayoritariamente atribuida a las pandillas, aunque en los últimos años se ha documentado que también son producidas por agentes estatales y personas del ámbito familiar laboral o comunitario de las víctimas es decir que en El Salvador estaríamos experimentando desapariciones por particulares», planteó a los comisionados.
Las cifras
A partir del año 2019, las autoridades dejaron de publicar estadísticas sobre fosas clandestinas y osamentas encontradas, dijeron las organizaciones a la CIDH.
También se señalaron incongruencias en cifras de desaparecidos ente la Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR), Instituto de Medicina Legal (IML) y la Procuraduría para a Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
En el año 2019, la PNC reportó 737 personas desaparecidas, mientras que en el año 2020 a pesar de la cuarenta obligatoria por la crisis del COVID por 6 meses, la Fiscalía reportó 683 personas desaparecidas, siendo el 69% hombres y 31% mujeres; el 45% fueron encontradas con vida, el 6% sin vida y el 49% de los casos siguen en investigación.
Lo que argumenta el Estado
El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública argumentó que se ha implementado un proyecto para el fortalecimiento a la implementación de herramientas de gestión para casos de desapariciones y torturas vinculada al crimen organizado que afecta a mujeres, hombres y jóvenes en El Salvador y se está desarrollando desde el año 2020 hasta el año 2023.
La Fiscalía destacó que existe una unidad exclusiva para investigar desapariciones, misma que ha recibido 139 casos, judicializando el 35%, 34 han sido archivados.
En el año 2021, de enero al 13 de octubre, se han recibido un total de 1 mil 116 denuncias por el delito específico de desaparición de personas, que involucra 1 mil 192 víctimas; el 65.8% son hombres y el 33.2% son mujeres y sólo en 1% de los registros no sea logrado identificar su sexo; un 51.6% se han ubicado con vida, un 3.9% de casos la víctima fue ubicada sin vida.
El llamado de la CIDH
“Me preocupa mucho que El Estado parece concentrarse muchísimo más en reaccionar en las acciones reactivas y no en las preventivas, en reaccionar en las acciones reactivas y no en las preventivas y el efecto de estas desapariciones es de los más doloroso que puede sufrir un familiar, porque es algo que se prolonga hasta que la persona es encontrada e identificada, esto puede durar muchos años”, apuntó la Relatora de El Salvador en CIDH, Margartte May Macaulay.
«Quiero solicitarle al Estado, que si por favor nos puede dar información específica y detallada sobre el trabajo proactivo, para minimizar la ocurrencia de desapariciones forzadas. Necesitamos acciones reactivas, planes reactivos, los diferentes organismos, pero necesitamos conocer de las acciones proactivas, que no alcanza solo con la legislación, por que la legislación sirve si se implementa», agregó.
El Comisionado de CIDH, Stuardo Ralón, recalcó la importancia de las acciones de prevención.
“Hemos escuchado el informe del Estado de El Salvador, en donde ya existe la normativa, que las instituciones puedan enfocar la mayor cantidad de recursos humanos, la priorización de algunas acciones, a manera de poder realizar esa prevención, ya que cada semana que pasa, cada día que pasa las familias están sufriendo por no saber de sus familiares», comentó.
Las organizaciones pidieron a la CIDH gire observaciones específicas al Estado Salvadoreño sobre las personas desaparecidas.
