Por: Redacción YSKL
Este miércoles, los Diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa le dieron trámite al anteproyecto de reformas a la Ley Especial
contra los Delitos Informáticos y Conexos.
Las enmiendas, según la propuesta presentada por Nuevas Ideas, tienen por objetivo endurecer las conductas delictivas cometidas por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, asi como “la sanción de los delitos cometidos en perjuicio de los sistemas informáticos, su infraestructura, como datos
almacenados, procesados o transferidos”; además que puedan afectar intereses “asociados a otros bienes como el patrimonio y la identidad de las personas naturales o juridicas”.
Los artículos a modificarse serían el 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 22, 23, 24 y 25, en los que se incluye un computo mayor de penas carcelarias y también se añadirán candados para proteger bienes intangibles como las transacciones en BITCOIN, así como la afectación de sistemas que permitan la convertibilidad automática o instantánea de Bitcoin a dólares.
Estas regulaciones serían insertadas en los delitos como Hurto de Identidad; Uso Indebido de Tecnologías de la Información para Manipular u Alterar Sistemas Informáticos; y Vulneración de Sistemas o Programas Informáticos destinados a la prestación de servicios públicos, financieros o la realización de transacciones en Bitcoin y otras criptomonedas.
Nuevos ciberdelitos
Además, se adicionan a la ley nuevos ciberdelitos relacionados con el contenido de los datos, en donde se crea el cargo de Secuestro de Sistemas, Programas o Datos Informáticos, mismos que se puedan generar a través de virus o códigos maliciosos. Esta acción se describiría cuando los delincuentes pueden ingresar a programas o dispositivos de una persona natural o jurídica, restringiéndolas del acceso, con el objetivo de exigir dinero u otro beneficio.
Dichos crímenes, tendrán una pena que oscila entre los cuatro a seis años de prisión.
Este ilícito tendrá una imputación agravada si el sistema secuestrado está destinado a la prestación de un servicio “público, financiero, o para la realización de transacciones en Bitcoin u otras criptomonedas”, por lo que la pena aumentará de seis a ocho años de prisión.
Unidades especializadas e investigadores informáticos
Al Título III de la Ley, también se le harían cambios: si bien la investigación de los ciberdelitos está a cargo de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, también se contempla crear dentro de su organigrama, unidades de investigación científica en este tema, para el tratamiento y análisis de la evidencia digital.
Para ello, la reforma exigirá que el Ministerio de Hacienda asigne un presupuesto para las operaciones de las oficinas.
