Por: Redacción YSKL
En el marco del día del Sindicalista la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM) y el Movimiento No+AFP brindaron este viernes un pronunciamiento respecto a las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).
Roswald Solórzano, líder del Movimiento No+AFP, manifestó que como movimiento la demanda puntual es: no más Administradoras del Fondo de Pensiones. «Eliminar la ley SAP es el primer paso del desmontaje del sistema privado que ha oprimido a los trabajadores con pensiones de hambre, no dignas para las y los trabajadores, que muchas veces no benefician a estos».
El sindicalista sostuvo que con una derogatoria a la actual legislación y creando en su lugar un instituto previsional manejado por el Estado, garantizaría que unos 35 mil trabajadores, que por temor a recibir una pensión menor al de su salario, salgan del Gobierno.
“Son pensiones de miserables, de hambre. Ya se tiene que pensar en un sistema público, que invierta las cotizaciones de los trabajadores y les genere ganancias, así habría esa seguridad para pasar a su jubilación”, expresó.
El éxito fundamental de la reforma, dijo Solórzano, es que se le entregue a los trabajadores que no pueden pensionarse su dinero cotizado, y que no se les ha podido entregar hasta este día por que la Ley SAP no lo permite; “esto sería fundamental para los compañeros/as que no se pueden jubilar, para que al menos tengan una inyección de capital, para emprender algún negocio y poder subsistir”.
“Queremos decirle al presidente de la República que debe tener claridad, que esto es una prueba de fuego para su gobierno”, destacó Solórzano.
Los trabajadores insisten en que la nueva propuesta debe contener la creación de un Instituto Autónomo de Previsión Social y que el cálculo de la pensión sea conforme al salario básico que devenga un cotizante antes de retirarse.
Mario Montes, Presidente de AGEPYM, sugirió que el nuevo ente, que tendría supuestamente aval del Gobierno para su creación, estaría representado por una comisión tripartita, es decir, trabajadores (50%), gobierno (25%) y empresa privada (25%).
Además, aseguró que sobre la mesa se planteó que la pensión mínima sea un porcentaje equivalente al 75%, “tenemos estudios actuariales que nos dicen, sí se puede pagar este tipo pensiones, y que lo dirija el instituto previsional, de forma autónoma. La propuesta es que la mitad de la administración del Instituto lo conformen trabajadores, que decidan adónde invertir la cotización de los trabajadores, para generar utilidades y sostener este sistema”.
Solórzano dijo que han propuesto un fondo de pensión común para los trabajadores que aún no cumplen con el período laborado (25 años), se incorpore en los pagos a 900,000 trabajadores por cuenta propia o pueda solicitarse un adelanto. «Esas son las propuestas de nosotros, que el Gobierno no pueda tocar la caja chica de los trabajadores, para eso es el Instituto, que también va a gerenciar ese fondo de pensión común», expuso.
