Ley de Recursos Hídricos contiene enfoque mercantilista, señala Movimiento Ciudadano

Por: Redacción YSKL

Este lunes, el Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) se pronunció sobre la Ley de Recursos Hídricos, la cual se pretende aprobar en la Asamblea Legislativa. En ese contexto, afirman que la ley posee un enfoque mercantilista.

Los representantes de dicho Movimiento dijeron que existe un “evidente interés en favorecer a la grandes empresas de construcción, al sector cañero y todos aquellos con un interés de obtener ganancia de los bienes nacionales en perjuicio de la población”.  

Asimismo, señalaron que los diputados de la Comisión Ad Hoc, con mayoría de Nuevas Ideas, no han permitido una participación ciudadana para la formación del anteproyecto. “Se habla de una ley de representación del pueblo y el pueblo no ha sido escuchado”, expresó Nelson Martinez, asesor jurídico del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).

Como Martínez, otros ecologistas mostraron su preocupación ante la intención de no reconocer a las juntas de agua y su trabajo en suministrar el recurso a comunidades en donde ANDA no llega. En ese sentido, critican que a las juntas se les están dando el mismo trato en comparación con las grandes empresas que explotan los mantos acuíferos.  

“Las juntas de agua están siendo vistas como un proveedor más que va a tener que pagar una tarifa como un prestador de servicio más, no todos los sistemas de agua potable van a poder sufragar esos costos y va haber conflicto con sus mismos beneficiados”, advirtió el abogado.

Frente a este panorama, el MCA exige al Estado que democratice a los entes que gestionarán el recurso hídrico.

El 21 de octubre, diferentes organizaciones ambientalistas reclamaron una revisión del proyecto de Ley, ya que denunciaron que la propuesta elaborada carecía de aspectos esenciales para la equidad y sustentabilidad del agua.

Asimismo, el 29 del mismo mes, Junta de Aguas Rurales expresaron que el anteproyecto los reconoce como “sistemas autoabastecidos”, y por lo tanto, serán igualmente regulados como las empresas, que a la postre, se les concederán permisos de explotación de agua hasta por 15 años sin permisos ambientales, algo que aseguran, “es contradictorio”, pues a ellos solo se les permitirá un límite de 5 años.