Tras conocer la condena en responsabilidad civil contra el expresidente Elías Antonio Saca, el exdirector de Asuntos Políticos de ARENA, Juan Tennant Wright y el expresidente de la Fundación Centro de Estudios Políticos (CEP), Gerardo Balzaretti; teniendo que devolver los $10 millones de la donación del Gobierno Taiwán a El Salvador para atender los damnificados por el terremoto de 2001; Wright aseguró que en el proceso fue extorsionado para fallar a su favor.
«Yo no transo con ningún ofrecimiento del manejo de la ley mas adelante vamos a evidenciar que hemos sido extorsionados de gente que nos ha pedido plata. Entiendo las presiones (a jueces) que dicen “o falla de esta manera o de otra”. Lo que este gobierno quiere mandar un mensaje a los empresarios “aflíjanse, que los vamos a topar”, no pueden ser oposición, yo voy a ser oposición contra este Gobierno, el peor», dijo Wright a la prensa.
La jueza expuso que el exdirigente arenero era responsable por no haber notificado las irregularidades en el Centro de Estudios Políticos Juan Antonio Rodríguez Porth, donde se canalizaron los fondos, por lo que deberá retribuir al Estado $2 millones.
La defensa y Juan Wright aseguraron que apelarán la decisión.
Wright también se pronunció ante la condena, cuestionando quién fue el testigo criteriado de la Fiscalía en el proceso.
«Me sorprende que sea Antonio Salaverría, me sorprende bajo las circunstancias que no fue responsabilizado, no digo que sea culpable, lo que está claro es que estamos en una nueva realidad jurídica, el señor Salaverría tiene una muy buena relación con un sistema judicial», expuso a la prensa.
José Antonio Salaverría Borja, expresidente del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fue uno de los firmantes de cheques de los fondos de la donación para ser depositados en un «banco offshore» de Las Bahamas.
El abogado de Wright, Arnau Baulenas, manifestó que la condena fue una «aberración jurídica», en primer lugar porque, contrario a un fallo ya establecido, se acreditó el delito de peculado contra el expresidente Francisco Flores, aún cuando después de su muerte, «sus herederos fueron juzgados y fueron absueltos porque el origen de los fondos no era para el Estado de El Salvador, hoy el juzgado ha determinado que sí y que los fondos eran para el Estado y cuando llegan a ARENA ya eran fondos ilegales».
Baulenas también explicó que la misma jueza recriminó que la Fiscalía General de la República (FGR) habría obviado a más involucrados.
«Fue una investigación selectiva», remarcó; por lo que adelantó que el exfiscal General, Raúl Melara, será demandado por el delito de omisión de investigación en el caso.
