Por: Redacción YSKL
El Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador suspendió este lunes la toma de declaración anticipada de un testigo con protección según una resolución judicial y programó para el 6 de diciembre, la audiencia preliminar en que se acusa al expresidente Carlos Mauricio Funes, al ex fiscal Diego Balmore Escobar y al periodista Lafitte Fernández, por presuntamente divulgar un Reporte de Operaciones Sospechosas, conocido como ROS.
La postergación de la diligencia se debe a que la FGR prescindió de la declaración del testigo con criterio de oportunidad. Algo que fue contrastado por la defensa de Funes, que cuestionó que el ente fiscal haya descartado la versión de un testigo que se mantenía en el caso durante los últimos tres años, «hace unos días se recibió la declaración de este mismo testigo y no se incorporó, quizás, porque no arrojó ningún elemento incriminatorio», subrayó el abogado Gustavo Huezo.
La principal tésis de la defensa es que la divulgación de los documentos solo puede configurarse si la persona es fiscal general o auxiliar, no un gobernante.
El caso que tiene reserva total, estuvo anexado al expediente denominado por la fiscalía como “Saqueo Público” donde se acusó al ex mandatario por lavado de dinero y activos.
En enero del año 2019 el ministerio público acusó a los tres imputados por el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, presuntamente porque revelaron un documento secreto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que dio como resultado que el expresidente Francisco Flores fuera procesado, por movimientos sospechosos de dinero.
El testigo dijo en un primer momento que Funes le mostró el documento que contenía el reporte de operaciones, el cual, según le comentó el ex gobernante, fue «proporcionado» por el fiscal Escobar.
Presuntamente Funes habría revelado el ROS en noviembre de 2013 en su programa de radio “Conversando con el presidente”. Según la investigación fiscal el exmandatario utilizó su relación de amistad con Fernández para obtener el documento a través del ex fiscal. Tras esto se creó una subcomisión en la Asamblea Legislativa en la que se llamó e interrogó a Flores y se abrió un proceso penal en su contra. Flores falleció el 30 de enero del 2016 mientras era procesado en arresto domiciliario.
Este delito está contemplado en el artículo 324 del Código Penal. “El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentación que debieren permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años”, dice la ley.
Además, se añade una tercera parte del máximo de la pena “si de la revelación o divulgación resultare grave daño a los intereses del Estado”.
Según una investigación periodística acompañada de audios y publicada por la revista Factum, Funes se reunió con el expresidente Elías Antonio Saca en 2013 para planificar la obtención del ROS, que incriminaba a la administración de Flores en supuestos actos de corrupción.
En una reunión en octubre de ese año habrían discutido la forma de contactar al exfiscal Escobar Portillo para obtener por medio de él una copia del ROS, dice Factum. Para eso buscaron a Lafitte Fernández como ayuda para contactar a Escobar para obtener el documento. Funes negó estos señalamientos a la revista.
Por su parte, Funes se mantiene en Nicaragua tras recibir él y su familia la nacionalidad. Y es procesado junto a más de 30 personas por el supuesto desvío y lavado de más de 351 millones de dólares de fondos estatales en El Salvador, pero no lo han podido capturar por ser ciudadano.
