Por: Redacción YSKL
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó este jueves una propuesta para fortalecer el proceso de elección y selección de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, CSJ. Dicha iniciativa busca ciudadanizar la elección tanto de los administradores de justicia como de los funcionarios que componen la Corte Plena del Órgano Judicial.
Para ello, la propuesta comprende una reforma a la Constitución de la República, a fin de incorporar mecanismos legales que permitan a los ciudadanos objetar, oponerse o impartir tachas durante el proceso de selección y elección de los candidatos que estén analizando los Diputados de la Asamblea Legislativa. Además, se pretende modificar la Ley de la Carrera Judicial, para que este proceso se realice también para los nombramientos de jueces.
“La elección de jueces y magistrados es un aspecto inherente a la democracia tan importante como lo es la división de poderes, tan importante como lo es el constitucionalismo; no puede haber democracia sin estos elementos. Estos elementos están presentes dentro del sistema político y es una de las deudas que tiene El Salvador”, manifestó Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD, que también presentó el documento el jueves 11 de noviembre.
Carrillo abonó que la democracia y contraloría ciudadana está reconocida en la Constitución y ese elemento se busca fundamentar legalmente para transparentar los procesos eleccionarios. «Dicha propuesta tiene como finalidad empoderar el postulado constitucional en el que se afirma que el poder reside en el pueblo y garantizar que los cargos sean ostentados por personas que cuenten con el perfil adecuado», explicó.
Otra de las reformas planteadas por FESPAD va dirigida a la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), incorporando el derecho ciudadano de presentar y cuestionar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de quienes aspiran a ocupar una judicatura o magistratura.
La iniciativa se enfoca en mejorar el control en el ejercicio del poder público, teniendo como objetivo potenciar los derechos humanos de la población. La propuesta también plantea las objeciones de los perfiles de abogados que buscan convertirse en jueces, para ello, el CNJ debe abrir mecanismos de consulta ciudadana. Mismo sentido las reformas al RIAL, en el caso del análisis de los aspirantes a magistrados de la Corte.
«El papel que jugará la ciudadanía es controlar que quienes sean nombrados en estos cargos reúnan los requisitos que la Constitución y las leyes le imponen», acotó Carrillo.
El proceso de elaboración de las propuestas de reformas ha sido apoyado por la Agencia Alemana para la Cooperación (GIZ), en el marco del proceso de fortalecimiento de la independencia e integridad judicial en la subregión norte de Centroamérica y particularmente en El Salvador.
De acuerdo con el abogado, el documento final se presentará la próxima semana en el Órgano Legislativo, para recibir de parte de los diputados, la respectiva iniciativa de ley.
