Por: Redacción YSKL
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa continuó con la discusión del anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que busca regular a las entidades que cooperan financieramente con asociaciones sin fines de lucro y organizaciones no gubernamentales (ONG) de El Salvador.
Este viernes, autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron una propuesta de redacción del artículo 10, que tiene que ver con el impuesto del 40% sobre cualquier “transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro” que hagan los agentes extranjeros “a través de donaciones, pago u otros”.
Según el titular Alejandro Zelaya, la actual Ley de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro, principal ley que rige a las ONGs, no otorga “la suficiente garantía para que el Estado salvadoreño asegura la adecuada recaudación de los tributos”.
“Esto puede abrir flancos para el lavado de dinero y activos en el territorio salvadoreño”, señaló Zelaya, acompañando que también abre paso a “injerencia política, financiamiento ilegal de campañas [electorales] o financiamiento de ilícitos en el territorio”, por parte de entidades que no informan al fisco.
El Ministro @AlejandroZelay9 recuerda que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prohíbe la injerencia de los asuntos internos de los países y con la ley se puede cubrir los flancos que puedan causar interferencia extranjera con los asuntos de El Salvador.
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La propuesta de Hacienda busca que cada transacción se realice obligatoriamente a través del sistema financiero salvadoreño, y sean los bancos los que retengan el gravamen. Además, que las instituciones financieras declaren las transferencias mensualmente y lo cancelen al fisco. Cuando las operaciones se realicen en bitcoin, los agentes extranjeros deberían declarar directamente a Hacienda y el impuesto será efectivo cada mes. Además que las cantidades no serán deducibles del impuesto sobre la renta.
Zelaya aclaró que el decreto no afectará el trabajo de las organizaciones humanitarias o con fines sociales. “No van a pagar impuestos […] No se está restringiendo ninguna ayuda social en el Estado salvadoreño para ninguna organización, aquellos que quieran ayudar serán bienvenidos, pero aquellos que quieran usar ONG para realizar operaciones ilícitas, evidentemente no lo vamos a permitir […] esto está dirigido para aquellas personas que pretenden usar figuras jurídicas para otro tipo de actividades”, señaló.
Hasta julio del 2020, en el Registro de Asociaciones y Organizaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación están inscritas 7,600 organizaciones no gubernamentales, de las cuales, 2,700 están inscritas en la administración tributaria, es decir, que cuentan con beneficios fiscales.
Agentes extranjeros deberán canalizar donaciones a ONGs a través de la banca salvadoreña y queda prohibida las actividades políticas que «alteren el orden público»
