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Por: Redacción YSKL
El Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar López Jeréz, aseguró este lunes, que tras concretarse los efectos de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, unos 103 jueces mayores de 60 años o con 30 años de experiencia estuvieron de acuerdo a someterse a un régimen de disponibilidad.
Otros 100 impartidores de justicia optaron por renunciar y desvincularse de la judicatura, aseguró el funcionario en Canal 10.
Los que optaron por renunciar recibieron hasta 24 salarios de compensación económica, pero los que se acogieron al régimen de disponibilidad, fueron cambiados de juzgados y se supeditan a la decisión de Corte Plena para designarlos en ciertas instancias.
En dicho espacio, López Jeréz reprochó que algunos aplicadores cuestionaron la decisión, puesto que fueron trasladados a otras sedes judiciales e incluso, algunos fueron removidos de las instancias, en las cuales se habían desempeñado por años, esto de forma arbitraria.
El Magistrado sostuvo que en algunos casos se flexibilizaron las medidas que establecía las reformas y citó específicamente el caso del Juez Jorge Guzmán, quien dirigía la causa de la masacre de El Mozote, en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. A él, “se le suplicó” para que el caso no se atrasase, pero, según López Jeréz, “no hubo forma de convencerlo”.
“Se le ofrecieron condiciones muy diferentes al resto de jueces que renunciaron. Pero él fue testarudo, puedo decirlo plenamente, lo intenté ubicar, a través de un espacio televisivo le hice saber que no se fuera, pero él insistió en irse. Ahí está que el caso va a retrasarse, pero ya nombramos a una jueza diligente, le dimos herramientas para que continúe la diligencia, que no se frustre y dé la resolución lo más pronto posible”, explicó.
Guzmán fue removido de su cargo con la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que depuró a 248 jueces y magistrados. El juez no se sometió al régimen de disponibilidad ni renunció, las dos posibilidades que dio la Corte.
Su caso ha sido una de las destituciones más controversiales, pues por 5 años estuvo al frente de las diligencias en la fase de investigación o instrucción del proceso penal contra más de 17 militares por la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños en 1981 en el contexto del Conflicto Armado.
El exjuez contestó a la invitación con una carta.
«No es un asunto de capricho o irrespeto, se trata de volver a la obediencia a la Constitución y a las leyes de nuestro país, y eso solo se puede lograr derogando el decreto 144 inconstitucional o declarando inaplicable el mismo», suscribió.
También señaló que si el propósito de la Asamblea Legislativa era una depuración judicial contra «jueces corruptos», «no es la forma correcta ni legal como se ha hecho».
«El primero que se nombre a un juez, como parece que es la idea, la estrategia, que ya vaya con una orientación de dilatar el proceso, incluso de darlo por terminado, si es así, habría afectación bastante grande, a las víctimas y nuestra sociedad. Un juez supeditado al Ejecutivo, que ha demostrado que su idea es favorecer a militares en este proceso, lo vimos durante la inspección a los archivos militares y en el trámite para obtener información del Ministerio de Defensa, hay una línea para favorecer a militares», declaró.
El domingo 26 de septiembre, López Jerez informó que ya se había nombrado un juez para el caso de El Mozote; no obstante, manifestó que «deseaba» que Guzmán se quedara en el caso.
La «oferta exclusiva» que había prometido López Jeréz a Guzmán, es que permanecería en el Juzgado de Instrucción 10 años más.
«No cabe duda que las víctimas… verán como tantas veces dilatado su peregrinar a la justicia; sin embargo, se trata de una lucha tan importante como su caso: el respeto absoluto e inexcusable a la Constitución de este país», expuso el administrador de justicia en una carta fechada tres días antes de su salida oficial.
Guzmán lideró las inspecciones de archivos sobre la Masacre, mismos que solo fueron posible en el Arzobispado, pues la Fuerza Armada y el Presidente Nayib Bukele se negaron a dar acceso.
2 recusaciones se habían presentado contra el juez, una por la defensa que fue desestimada por la Cámara de lo Penal de la Tercera Sección de Oriente.
La segunda fue por la Fiscalía General de la República (FGR) tras un conflicto por la acreditación de una perito sobre violencia sexual para el caso, ya que es uno de los delitos que se conocen en el caso; no obstante, desistieron de la petición.
