Por: Redacción YSKL
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) urgieron al Estado salvadoreño a abstenerse de aprobar el anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros, por considerar que su aplicación afectará directamente la defensa de los derechos humanos y libertad de prensa.
La legislación, propuesta por el Gobierno, establece la obligación de registrarse como «agente extranjero» a todas las personas naturales o jurídicas que realicen actividades que «respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directamente o indirectamente, por un mandante extranjero».
Además, prohíbe a los agentes extranjeros realizar actividades que tengan «fines políticos u otros, con el objetivo de alterar el orden público, o que pongan en riesgo o amenaza la seguridad nacional, la estabilidad social y política del país», entre otras.
Asimismo, establece obligaciones sobre el registro, la forma de utilización de los recursos y la comunicación de las actividades. Y un impuesto del 40% a todo tipo de financiamiento de organizaciones que no sean de finalidad social o humanitaria.
“Preocupa en particular a la CIDH que el eventual incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en responsabilidad penal y administrativa, además del cese de las actividades y la cancelación de la personería jurídica”, aseveran en comunicado.
El organismo consideró que la iniciativa “podría restringir el funcionamiento legítimo y las actividades de individuos y organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, quienes en ocasiones reciben recursos de cooperación internacional para su desarrollo”.
Además, observan que la norma exige, en un lapso corto de tiempo, la observancia de requisitos administrativos y de tributación “potencialmente arbitrarios o desproporcionados”, también posibilitando la aplicación de penalidades graves a las personas naturales y jurídicas que no se adecuen a estas disposiciones.
Asimismo, la CIDH y su Relatoría entienden que resulta inadmisible la imposición de presiones económicas o políticas, pues son “incompatibles con los estándares interamericanos sobre libertad de expresión”.
“Las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación cumplen un rol central en sociedades democráticas y el proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho por lo que se llama al Estado de El Salvador a que se abstenga de aprobar tal iniciativa legislativa, o en su caso adecúe el proyecto a los estándares interamericanos de derechos humanos”.
