Por: Redacción YSKL
Un grupo de organizaciones de la sociedad civil instaron al Gobierno a adherirse a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros instrumentos, con el fin de mejorar los mecanismos de respuesta a este flagelo social.
Sonia Rubio de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que no suscribir los convenios perjudicará al país, pues con los protocolos, no habría una búsqueda adecuada de víctimas y tampoco tratamiento a las familias afectadas, tomando en cuenta que el Gobierno se ha visto desbordado en su capacidad institucional.
“En la actualidad hay cientos de personas que están desapareciendo, si bien las motivaciones son distintas, pero la responsabilidad del Estado es equivalente”, manifestó.
Para la experta si El Salvador ratificara un tratado internacional, transparentaría las cifras de desapariciones, reforzaría la política de prevención y respuesta a estos delitos; y protegería ampliamente los derechos humanos, incluso con alcance internacional.
“Estos informes periódicos que el Estado generaría haría que los organismos internacionales acompañen a las víctimas y den asistencia técnica en las desapariciones”, remarcó.
Sonia Rubio de la @DPLF_info, la desaparición de personas continúa siendo uno de los problemas sociales, derivados de la violencia. pic.twitter.com/Mx1tqbzvwW
— Radio YSKL 📻 💻 📲 (@radioyskl) December 14, 2021
Razones según las organizaciones para proceder a la adhesión:
- Amplían y complementan la protección interna de los derechos humanos
- Amplían la protección internacional de los derechos humanos
- Permiten establecer un diálogo constructivo con organismos internacionales de protección
- Reivindicaría las exigencias de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y de los organismos nacionales de derechos humanos
- Gesto de buena voluntad política ante las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
- Implicaría el cumplimiento de buena fe de sus obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos, como Estado miembro de la ONU y la OEA
- Implicaría el rechazo del Estado de El Salvador a esta práctica aberrante del presente y del pasado
En ese sentido, recomiendan al país suscribirse como Estado Parte en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) y de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (2006), los dos más importantes convenios internacionales en la materia.
Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), afirmó que estos dos tratados permitirá adelantar la adecuación de las leyes, al marco jurídico internacional y con ello tener una normativa coherente y robusta para la prevención, investigación y sanción de delitos de desaparición.
«Hay muchas recomendaciones de organismos internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido esta problemática», añadió.
Entre el 1 de enero hasta el 31 de octubre, se han registrado 1,555 personas desaparecidas, según datos de la Fiscalía General de la República.
El documento con las recomendaciones se entregaron este día en la Asamblea Legislativa, para que los Diputados conozcan las razones para retomar la suscripción de los tratados.
