“En definitiva, el agua en El Salvador continuará siendo un negocio de unos pocos”: Organizaciones advierten que Ley de Recursos Hídricos profundizará crisis acuífera

Agua. Imagen de referencia.
Agua. Imagen de referencia.

Por: Redacción YSKL

Para más de una decena de organizaciones de la sociedad civil, la Ley de Recursos Hídricos aprobada la noche del martes 21 de diciembre, no resuelve la problemática del acceso al agua de calidad y cantidad y, por el contrario, no desarrolla las condiciones para que el derecho humano pueda ser satisfecho.

La ley, dijeron, no descarta que el agua pueda ser explotada por agentes económico por vía concesiones o asocios públicos privados.

“La ley es solo un instrumento que reconoce la injusticia hídrica, profundizará la grave situación del derecho humano al agua y la desigualdad para acceder al agua potable y de calidad”, dijeron.

En cuanto a participación ciudadana, afirmaron que se centraliza en el ente rector de agua, que se llamará Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), que reduce la participación de la sociedad civil, pues de ocho escaños que la conforman, solo uno representa a este sector. El resto lo componen instituciones gubernamentales.

“También en la ley se desconoce el papel de las juntas de agua comunitarias que suministran agua sin fines de lucro. Los sistemas de agua comunitarios han contribuido a proveer agua potable frente a la incapacidad del Estado. A pesar de ello, la ley no se les reconoce, lejos de potenciarlos les impone cánones por la extracción de agua de mantos acuíferos para suministro”, señala el grupo de asociaciones.

En cuanto a los plazos para la explotación del agua, lo calificaron como “excesivo”, pues tanto a empresas como juntas les obliga a emitir permisos de 15 años prorrogables, sin definir un parámetro diario de extracción, “no habrá regulación del uso de agua y afectará los mantos acuíferos”, subrayaron.

Por otra parte, también criticaron que los parlamentarios no tomaron en cuenta las recomendaciones del Relator Especial de los Derechos Humanos al Agua Potable y Saneamiento de la ONU, que sugirió incorporar un capítulo completo para garantizar la sanidad del agua para consumo humano.

“Asimismo no elimina la figura de los convenios entre las instituciones públicas y el sector privado como los desarrollados en los conflictos ambientales en los casos de Valle El Ángel y Cordillera El Bálsamo”, expusieron.

“En definitiva, el agua en El Salvador continuará siendo un negocio de unos pocos”, matizaron.

En ese contexto, pidieron al Presidente de la República no sancionar el decreto, sino observarlo y devolverlo al Congreso para que ésta incorpore lo planteado por el Relator Especial y las organizaciones que participaron en las consultas.

En horas de la noche y tras correcciones al dictamen, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Recursos Hídricos este martes, misma con la que se regulará el uso del agua.

Se reconoce el derecho al agua y saneamiento, también señalaron que el agua «no podrá ser privatizada bajo ninguna condición» y el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento con equidad e igualdad de género asegurando la sustentabilidad ambiental.

La ley también será de orden público; es decir, que toca derechos colectivos y regulará la «gestión integral de las aguas, su sostenibilidad, garantizar el derecho humano al agua, la seguridad hídrica para una mejor calidad de vida de todos los habitantes del país; y promover el desarrollo humano, social y económico mediante la utilización sustentable de los recursos hídricos», de acuerdo con el artículo 2.

Además, con esta se fomentará el saneamiento y la higiene, así como promover la participación activa y corresponsable de la sociedad salvadoreña y en particular, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el acceso, uso y decisión sobre los recursos hídricos.

Usos prioritarios del agua en orden jerárquico:

  1. Agua para consumo humano y uso doméstico.
  2. Uso para la sostenibilidad de ecosistemas.
  3. Uso agropecuario procurando la seguridad alimentaria.
  4. Uso para la generación de energía eléctrica.
  5. Uso industrial y comercial.
  6. Usos recreativos y otros.

Establece la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y así será constituida: 

  • Un presidente, que será nombrado por el presidente de la República y tendrá su Representación Legal.
  • Una Junta Directiva, como órgano político colegiado, para la toma de decisiones estratégicas sobre el agua.
  • Una Dirección Ejecutiva, como Órgano operativo, con sus unidades especializadas y administrativas.
  • Organismos Zonales de Cuenca.
  • Un tribunal sancionador cuyos miembros serán nombrados por el presidente de la República.

Como miembros de la Junta a representantes estarán los Ministerios: de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, Economía, Turismo, Vivienda, Salud, Obras Públicas, Gobernación.

También se añadirá un representante de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento, de la Universidad de El Salvador (UES), un representante por cada uno de los organismos zonales de cuenca y un representante de la «sociedad civil».

Organismos Zonales de Cuenca

Serán entes técnicos administrativos de la ASA a nivel zonal, quienes ejecutarán acciones encaminadas a planificar, coordinar y facilitar la gestión integral de los recursos hídricos en cada zona hidrográfica, en la competencia territorial asignada, incluyendo su uso, aprovechamiento, protección, conservación y recuperación.

Juntas de agua

Se reconocerán como organizaciones sociales sin fines de lucro con personería jurídica que prestan servicio de agua potable a las comunidades donde el Estado no puede dar cobertura. Su operación se autoriza para 15 años prorrogables.

Autorizaciones para uso de agua

Autorización nivel 1: Cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365,000 metros cúbicos por año. Por un plazo de vigencia de hasta quince años.

Nivel 2: Cuando el caudal solicitado sea menor a los 365,000 metros cúbicos por año. Un plazo de vigencia de hasta cinco años.

«Ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA, que compruebe que las condiciones del acuífero no hayan cambiado», expone la ley.